Lo que comenzó como un cuestionamiento ciudadano a la demolición y remodelación de la Plaza de Armas de Huaral acaba de tomar un giro mucho más delicado. Una investigación difundida por la periodista Carmen Remicio Oyola y la página En Directo Huaral ha puesto en evidencia una situación que exige explicaciones inmediatas: vecinos del pasaje Pendencia aseguran haber reconocido sus nombres y firmas en un documento cuya finalidad, según manifiestan, no les habría sido explicada al momento de suscribirlo.
De acuerdo con los testimonios recogidos por la periodista, algunos vecinos sostienen que cuando colocaron sus firmas entendían que se trataba de una lista de asistencia relacionada con las obras que se ejecutaban en su sector. Sin embargo, posteriormente habrían encontrado sus nombres y firmas en documentación que, según lo señalado públicamente por funcionarios municipales, podría estar vinculada con la denominada libre disponibilidad del terreno para la intervención de la Plaza de Armas.
La situación resulta especialmente preocupante porque días atrás, durante una entrevista realizada en el marco de las protestas contra la remodelación, el gerente de Desarrollo Urbano, Jean Paul Paz Cortez, afirmó que su gerencia cuenta con un documento de libre disponibilidad del terreno que tendría más de 50 firmas y sus respectivos números de DNI. Es precisamente esta afirmación la que ahora genera una interrogante que la Municipalidad Provincial de Huaral debe responder de manera pública y documentada: si esas firmas corresponden a los vecinos del pasaje Pendencia que hoy aseguran haber firmado pensando que se trataba de una lista de asistencia.
Si ambas situaciones están relacionadas, el asunto adquiere una dimensión mucho más seria. Una cosa es que los vecinos hayan otorgado voluntariamente su firma conociendo el contenido y finalidad del documento, y otra completamente distinta sería que una persona haya firmado creyendo que se trataba de una lista de asistencia y que posteriormente esa firma haya sido incorporada o utilizada para acreditar una autorización, respaldo o disponibilidad respecto de un terreno para una obra distinta.
Una firma no es un simple requisito burocrático. Una firma puede acreditar la voluntad, conocimiento o participación de una persona en determinado acto y, por esa razón, cualquier documento que contenga nombres, firmas y números de DNI debe ser manejado con absoluta transparencia y responsabilidad. Si los vecinos efectivamente fueron informados de la finalidad del documento y dieron su consentimiento, corresponde demostrarlo. Pero si fueron inducidos a firmar bajo una finalidad distinta, corresponde investigar quién obtuvo esas firmas, qué documento se les presentó y para qué fueron utilizadas posteriormente.
El tema de las firmas tomó especial relevancia luego de que estas fueran expuestas en el programa HuaralViral, bajo la conducción del periodista Chris Salas, quien tuvo acceso al documento tras ingresar a la reunión donde se encontraban dichas firmas. A partir de esa exposición pública se generó la preocupación y el cuestionamiento de los vecinos, quienes comenzaron a identificar sus nombres y firmas y a solicitar explicaciones sobre el verdadero propósito del documento y el uso que posteriormente se habría dado a estas.
Aquí es importante hacer una precisión jurídica. No corresponde afirmar, sin una investigación previa, que ya se ha cometido un delito ni atribuir responsabilidad penal a una persona determinada. Sin embargo, si se comprobara que un documento fue adulterado, que se incorporaron declaraciones falsas o que se utilizaron firmas para una finalidad diferente a la conocida por quienes las suscribieron, podrían existir hechos susceptibles de evaluación bajo las normas penales correspondientes, entre ellas las relacionadas con falsificación de documentos o falsedad ideológica, dependiendo de las características concretas del documento y de lo que finalmente determine una investigación.
Precisamente por eso, lejos de intentar minimizar el asunto, las autoridades deberían ser las primeras interesadas en esclarecerlo. La manera más sencilla de terminar con las dudas es mostrar el documento original, explicar cuándo fue elaborado, quién lo elaboró, quién estuvo encargado de recoger las firmas y, fundamentalmente, qué información recibieron los vecinos antes de colocar sus nombres, firmas y números de DNI.
Si las firmas fueron obtenidas de manera legítima, transparente y con conocimiento de su finalidad, la documentación debería demostrarlo sin mayores dificultades. Pero si existen vecinos que aseguran que nunca supieron que estaban firmando un documento relacionado con la intervención de la Plaza de Armas, esa contradicción no puede quedar en una simple discusión de redes sociales. Tiene que ser esclarecida documentalmente y, si corresponde, mediante las investigaciones de las autoridades competentes.
La gravedad del asunto también radica en que estas presuntas firmas estarían relacionadas con un proyecto que ya viene generando cuestionamientos ciudadanos por la decisión de intervenir y demoler la actual Plaza de Armas. En consecuencia, cualquier documento utilizado para sustentar la disponibilidad del terreno o algún tipo de respaldo ciudadano debe estar fuera de toda duda.
No basta con afirmar que existen más de 50 firmas. Lo que corresponde es demostrar qué documento firmaron esas personas, qué decía exactamente el documento cuando lo suscribieron y qué finalidad tenía. Porque de nada serviría contar con decenas de firmas si quienes aparecen en ellas aseguran que desconocían el propósito real del documento.
En este contexto, merece destacarse el trabajo realizado por la periodista Carmen Remicio Oyola y la página En Directo Huaral, quienes decidieron poner el tema en evidencia y recoger directamente las inquietudes de los vecinos. La labor de la prensa local resulta fundamental precisamente cuando existen dudas que afectan a la ciudadanía y cuando se requiere contrastar las versiones oficiales con los testimonios de quienes podrían estar directamente involucrados.
La publicación de esta información no debería ser interpretada como un ataque contra la Municipalidad ni contra ningún funcionario. Por el contrario, constituye una oportunidad para que las autoridades demuestren que todo se realizó correctamente y despejen las dudas que hoy existen. Si la documentación es legítima y las firmas fueron obtenidas con pleno conocimiento de los ciudadanos, corresponde mostrarla y explicarla.
Pero si algún vecino demuestra que su firma fue obtenida bajo una finalidad distinta y posteriormente utilizada para sustentar otro propósito, entonces estaremos frente a una situación que deberá ser investigada con toda la seriedad que corresponde, porque la voluntad de un ciudadano no puede ser utilizada para respaldar algo que nunca autorizó.
La Ley Orgánica de Municipalidades reconoce mecanismos de participación y control ciudadano, mientras que el ordenamiento jurídico peruano establece responsabilidades cuando se utilizan documentos falsos o se insertan declaraciones falsas en determinadas circunstancias. Por ello, frente a una denuncia de esta naturaleza, la respuesta institucional no debería ser el silencio ni la descalificación de quienes preguntan, sino la transparencia absoluta.
Huaral merece saber la verdad sobre lo que ocurrió con esas firmas. Los vecinos merecen saber qué firmaron. La Municipalidad debe explicar qué documento posee y para qué fue utilizado. Y si existen dudas razonables sobre la autenticidad, integridad o finalidad de la documentación, corresponde que las autoridades competentes determinen qué ocurrió.
Porque este caso ya no se trata solamente de si la Plaza de Armas debe remodelarse o no. Ahora también se trata de saber si la voluntad de los ciudadanos fue respetada.
Y si todo está en regla, que se demuestre con documentos.
Si no lo está, que se investigue y se determinen responsabilidades.
El periodismo ya puso el tema sobre la mesa. Los vecinos ya hablaron. Ahora corresponde que quienes tienen la documentación respondan públicamente y sin rodeos.
Porque cuando se habla de firmas, nombres, números de DNI, decisiones sobre un espacio público y recursos de todos los huaralinos, la transparencia no puede ser una opción: tiene que ser una obligación.