Lo ocurrido en Huaral no puede leerse únicamente como la pérdida de un arbitraje. Los elementos documentados permiten abrir una línea de análisis más profunda: la posible configuración de responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales dentro de la gestión municipal.
El punto de quiebre está en el proceso arbitral seguido contra MARQUISA SAC. En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado del Perú, el arbitraje es el mecanismo principal para resolver controversias en ejecución de obras públicas. Esto implica un estándar alto de diligencia por parte de la entidad, que está obligada a ejercer una defensa técnica, oportuna y estratégica de sus intereses.
Sin embargo, los documentos revisados revelan una secuencia preocupante.
OMISIONES QUE COMPROMETEN LA DEFENSA DEL ESTADO El Informe N.° 1147-2024 del procurador municipal no es un documento menor. En él se deja constancia de advertencias formales sobre el avance del arbitraje y, sobre todo, de la falta de respuesta a requerimientos esenciales para estructurar la defensa.
Desde un enfoque jurídico, esta omisión podría encuadrar en una infracción al deber funcional previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, que obliga a los funcionarios a actuar con diligencia en la administración de recursos y defensa institucional. La inacción frente a comunicaciones oficiales no solo debilita el proceso, sino que puede ser interpretada como negligencia grave.
POSIBLE ABANDONO PROCESAL Y SUS IMPLICANCIAS La inasistencia a audiencias clave y la falta de presentación de informes orales, de confirmarse plenamente, configuran lo que en términos jurídicos se conoce como abandono o defensa deficiente. En un arbitraje, donde las etapas son preclusivas, la ausencia de la parte implica perder oportunidades procesales irreversibles.
Este comportamiento no es solo una falla operativa. Podría derivar en responsabilidad administrativa sancionable por la Contraloría General de la República e incluso abrir la puerta a una acción de repetición contra los funcionarios responsables por el daño económico causado al Estado.
En un escenario más grave, si se acredita que la omisión fue consciente o dolosa, no puede descartarse la eventual configuración de delitos contra la administración pública, como omisión de funciones.
EL ROL DEL CONCEJO: CONTROL POLÍTICO EN DEUDA El Acuerdo de Concejo N.° 039-2025-MPH, que dispone remitir el caso a la Contraloría, es una medida formal, pero insuficiente frente a la magnitud del perjuicio.
El Concejo no solo tiene una función normativa, sino también fiscalizadora. La ausencia de comisiones investigadoras, medidas correctivas inmediatas o denuncias ante el Ministerio Público evidencia una respuesta institucional débil. En términos políticos, esto diluye la responsabilidad y prolonga la incertidumbre.
IMPACTO MÁS ALLÁ DEL ARBITRAJE: SALUD PÚBLICA EN RIESGO El trasfondo del conflicto es aún más delicado. La paralización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) mantiene a agricultores utilizando aguas servidas, lo que podría vulnerar derechos fundamentales vinculados a la salud y al ambiente equilibrado.
Aquí ya no se trata solo de un conflicto contractual. Se abre un posible escenario de responsabilidad del Estado por omisión en la prestación de servicios básicos.
UNA CADENA DE RESPONSABILIDADES POR DETERMINAR Los indicios apuntan a varios niveles:
- Administrativo: por incumplimiento de funciones y falta de diligencia.
- Civil: por el perjuicio económico generado a la entidad.
- Penal: si se acredita conducta dolosa o negligencia inexcusable.
EL COSTO REAL: MÁS QUE DINERO, CONFIANZA PÚBLICA Los más de 9 millones de soles en riesgo no solo representan un golpe presupuestal. Reflejan una falla estructural en la gestión pública local: falta de coordinación, debilidad institucional y ausencia de controles efectivos.
LO QUE VIENE La intervención de la Contraloría será clave, pero no suficiente. Este caso exige trazabilidad de decisiones, identificación de responsables y, sobre todo, consecuencias. Porque cuando la defensa del Estado falla, no es un expediente el que pierde: es la ciudadanía.