Caraz, Áncash. La mañana del sábado 19 de septiembre parecía transcurrir con normalidad en Caraz. Comerciantes, compradores y ciudadanos desarrollaban sus actividades habituales en una jornada que, como tantas otras, tenía el movimiento propio de un fin de semana. En medio de ese escenario se encontraba Susy Ysabel Aponte Polo, periodista, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, conocida públicamente como “China Polo”. Horas después, aquel espacio cotidiano se convertiría en la escena de un crimen que conmocionaría a toda la región.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú, alrededor de las 12:40 del mediodía se produjo un ataque con arma de fuego en inmediaciones de la avenida Ramón Castilla, frente a la Caja Huancayo y dentro de la zona comercial de Caraz. Los disparos alcanzaron a Aponte Polo y también dejaron a otras personas heridas. La comunicadora fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Caraz, pero los médicos terminaron confirmando su fallecimiento como consecuencia de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
La noticia comenzó a extenderse rápidamente por toda la provincia de Huaylas y posteriormente por Áncash. La mujer que durante años había utilizado un espacio periodístico para formular denuncias, cuestionar a autoridades y anunciar investigaciones sobre presuntas irregularidades acababa de convertirse en víctima de un ataque armado en plena actividad política y a pocos días de haber hablado públicamente sobre las amenazas que, según su propio testimonio, venía recibiendo.
La respuesta policial fue inmediata. Agentes desplegados en la zona iniciaron la búsqueda de los responsables y, durante las primeras diligencias, fue intervenido un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado con las iniciales L.I.O.D. La Policía informó que al intervenido se le encontró una pistola, elemento que pasó a formar parte de las evidencias que ahora deberán ser sometidas a pericias para determinar si fue utilizada en el asesinato.
La captura de un presunto implicado permitió avanzar en las primeras horas de la investigación, pero no cerró las interrogantes. Para los investigadores, una cosa es determinar quién habría efectuado los disparos y otra muy distinta establecer quién pudo haber organizado el ataque, cuál fue el móvil y si detrás del hecho existieron otras personas.
La propia Policía Nacional informó posteriormente que el arma incautada era una pistola marca Glock, calibre 9 por 19 milímetros, color negro, con número de serie BTVG236. Según la información proporcionada por la institución policial, el arma registraba una denuncia por hurto presentada en Villa El Salvador, Lima, en noviembre de 2023. Ese dato abrió una nueva línea de investigación porque ahora deberá establecerse cómo un arma reportada como sustraída en Lima terminó en manos del ciudadano intervenido en Caraz y cuál fue su recorrido durante los últimos años.
Las autoridades deberán determinar también si existe correspondencia balística entre el arma incautada y los proyectiles utilizados durante el ataque. Para ello serán fundamentales las pericias criminalísticas, los registros de cámaras de seguridad, las declaraciones de testigos y cualquier otra evidencia recogida en el lugar.
Mientras la investigación policial avanzaba, otro elemento comenzó a adquirir especial importancia. Días antes de su asesinato, Susy Aponte Polo había hablado públicamente sobre amenazas que, según afirmó, estaban dirigidas contra ella. En uno de sus últimos pronunciamientos señaló que había recibido llamadas que, de acuerdo con su versión, procedían de establecimientos penitenciarios y denunció además presuntos intentos de afectar sus cuentas y sus plataformas digitales.
Aponte Polo sostuvo públicamente que no tenía intención de abandonar sus investigaciones. En uno de sus mensajes manifestó que había recibido advertencias, pero que continuaría trabajando. También aseguró que disponía de audios y documentación que, según afirmó, había entregado al Ministerio Público como parte de las denuncias que venía realizando.
Aquellas declaraciones adquieren ahora una dimensión diferente porque fueron realizadas pocos días antes de que la periodista fuera asesinada. Sin embargo, que existieran amenazas previas no permite establecer automáticamente que estas hayan sido la causa del crimen. Esa relación deberá ser determinada mediante una investigación fiscal que establezca si las advertencias estaban relacionadas con alguna de sus investigaciones periodísticas o si correspondían a otros conflictos.
En los últimos meses, “China Polo” había desarrollado una actividad periodística caracterizada por investigaciones y denuncias sobre instituciones públicas, autoridades, seguridad ciudadana y presuntos actos irregulares. Su programa, “China Polo Dominical”, se había convertido en una plataforma desde la cual difundía documentos, declaraciones y acusaciones que generaban reacciones en distintos sectores de Áncash.
Una de las investigaciones que quedó pendiente de difusión estaba relacionada con la Municipalidad Distrital de Independencia. El programa había anunciado que se presentarían documentos vinculados con obras cuestionadas, presuntas irregularidades administrativas, posibles planillas observadas y una investigación que había sido denominada “la ruta del dinero”.
La investigación también hacía referencia al entonces alcalde de Independencia, Lalo Villa, y a su intención de participar en la contienda por la Municipalidad Provincial de Huaraz. Asimismo, mencionaba a otros actores vinculados al escenario político regional y planteaba preguntas sobre la administración de recursos públicos y las relaciones políticas existentes alrededor de determinados proyectos.
El anuncio era claro en un aspecto: la periodista sostenía que tenía documentación que pretendía poner sobre la mesa y que buscaba reconstruir el recorrido de determinados recursos y decisiones administrativas. Pero aquella investigación quedó interrumpida por su muerte.
En este punto resulta fundamental establecer una diferencia entre una investigación periodística y una sentencia judicial. Que una periodista anuncie una investigación o formule preguntas sobre una administración pública no significa que las personas mencionadas hayan cometido un delito. Las denuncias y cuestionamientos deben ser contrastados con documentos oficiales, testimonios, auditorías, expedientes administrativos y las versiones de los involucrados.
Precisamente por ello, la investigación fiscal deberá determinar si aquella investigación periodística tiene alguna relación con el asesinato o si se trata de una coincidencia temporal sin conexión con el crimen.
La actividad de Aponte Polo también había estado relacionada con investigaciones sobre seguridad, minería ilegal y organizaciones criminales. En sus publicaciones y declaraciones públicas cuestionó actuaciones de determinados mandos policiales y formuló acusaciones extremadamente graves sobre presuntos vínculos entre sectores de la Policía Nacional y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
Entre sus principales líneas de investigación aparecía la situación de Pataz y la presencia de organizaciones criminales vinculadas, según sus denuncias, con la minería ilegal. La periodista llegó a mencionar públicamente a determinados mandos policiales y aseguró que disponía de audios que, según su versión, podían respaldar parte de sus afirmaciones.
Estas declaraciones forman parte del historial periodístico de Aponte Polo, pero no pueden ser convertidas automáticamente en hechos probados. Los señalamientos que realizó deben ser contrastados y, si existen investigaciones fiscales relacionadas, deberán ser incorporados a los expedientes correspondientes.
Lo que sí resulta relevante para el caso es que la periodista había advertido públicamente que se sentía amenazada. Había hablado de llamadas, había mostrado preocupación por su seguridad y había manifestado que continuaría difundiendo información.
En otro de sus pronunciamientos llegó a utilizar una frase que hoy vuelve a ser recordada: “Mi vida corre peligro”. La comunicadora sostuvo que, pese a ello, no pensaba detenerse.
Cinco días después, según las informaciones difundidas tras el ataque, Susy Aponte Polo fue asesinada en Caraz.
La coincidencia temporal entre sus advertencias y el crimen constituye un elemento que deberá ser analizado por los investigadores. No permite por sí misma establecer una conexión, pero sí plantea una pregunta que deberá ser respondida: ¿las amenazas que denunció estaban relacionadas con el ataque que finalmente terminó con su vida?
La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio contra quienes resulten responsables. La fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui y fiscales adjuntos participan en las primeras diligencias junto con personal policial.
Entre las actuaciones ordenadas se encuentran el levantamiento del cuerpo, la recopilación de imágenes de las cámaras de videovigilancia, la búsqueda de evidencias y la toma de declaraciones destinadas a reconstruir los minutos previos, durante y posteriores al ataque.
Las imágenes de las cámaras podrían convertirse en una de las principales piezas para reconstruir el crimen. Los investigadores deberán determinar si existe un registro claro del atacante, si hubo personas que lo acompañaron, si utilizó algún vehículo para llegar o escapar y si existió vigilancia previa sobre la víctima.
También deberán reconstruir la ruta seguida por el presunto atacante antes y después del asesinato.
Los testimonios de comerciantes y ciudadanos que estuvieron en el lugar serán igualmente importantes. En un espacio comercial concurrido, cada segundo puede contener información capaz de ayudar a reconstruir el crimen.
La gran pregunta que queda abierta es si el ataque fue producto de una acción individual o si existió una planificación detrás. Si hubo un encargo, los investigadores deberán establecer quién pudo haberlo realizado. Si existieron intermediarios, deberán identificarlos. Si existió un motivo relacionado con el periodismo, la política, una denuncia concreta o un conflicto personal, esa hipótesis deberá ser sustentada con pruebas.
La muerte de Aponte Polo se produce además en un momento particularmente sensible. La periodista era candidata al Gobierno Regional de Áncash y desarrollaba actividad política en plena campaña electoral.
Su doble condición de periodista y candidata hace que la investigación tenga diferentes dimensiones. Por un lado está el asesinato como hecho criminal. Por otro, la posibilidad de que su actividad periodística o política pueda haber tenido alguna relación con el ataque.
Precisamente por ello, la investigación deberá mantener abiertas las diferentes líneas y evitar que la captura de un presunto autor material lleve a cerrar prematuramente las preguntas sobre el origen del crimen.
La información sobre el arma incautada introduce además una segunda investigación dentro del propio caso. Si efectivamente la pistola fue reportada como robada en Lima en 2023, deberá determinarse quién la sustrajo, cómo fue trasladada, quién la tuvo posteriormente y si estuvo involucrada en otros hechos delictivos.
La trazabilidad del arma puede aportar información sobre las redes que pudieron facilitar su llegada a Áncash.
Al mismo tiempo, los investigadores deberán establecer si la persona intervenida conocía a la víctima, si había realizado seguimiento previo, si mantuvo comunicaciones con terceros y si existen registros telefónicos, financieros o digitales que permitan conocer sus movimientos antes del ataque.
La tecnología también tendrá un papel importante. Las cámaras de seguridad, teléfonos celulares, comunicaciones, geolocalización, registros de vehículos y otros elementos pueden ayudar a establecer una secuencia precisa de los acontecimientos.
La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de las 12:40 del sábado 19 de septiembre, qué ocurrió exactamente durante el ataque y qué sucedió inmediatamente después.
Mientras tanto, en Áncash queda una sociedad que intenta comprender cómo una periodista que había anunciado públicamente que continuaría investigando terminó asesinada mientras desarrollaba actividades políticas.
Entre ellas se encuentra la denuncia de garantías personales que Aponte Polo habría presentado en julio de 2026 contra Juan Lázaro Calderón Altamirano. Según la documentación que ha comenzado a difundirse, la periodista manifestó haber recibido información sobre presuntas amenazas en su contra y señaló determinadas vinculaciones. Calderón Altamirano, por su parte, presentó un descargo en el que negó las acusaciones y cuestionó la existencia de elementos concretos que sustentaran los señalamientos.
La existencia de una denuncia previa no demuestra que la persona denunciada haya cometido un delito. Del mismo modo, el hecho de que alguien haya negado las acusaciones tampoco determina por sí solo que la denuncia carezca de fundamento.
Lo que corresponde ahora es establecer si aquella denuncia contiene información que pueda ayudar a reconstruir el contexto previo al asesinato.
La investigación también deberá establecer si las amenazas que la periodista hizo públicas fueron denunciadas formalmente, qué respuesta recibió de las autoridades y si existieron medidas destinadas a protegerla.
La muerte de “China Polo” vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación que afecta a periodistas de diferentes regiones del país: las condiciones de seguridad en las que desarrollan investigaciones sobre temas sensibles.
Investigar corrupción, crimen organizado, minería ilegal, manejo de recursos públicos o actuaciones de autoridades puede generar conflictos y amenazas. Pero ninguna amenaza puede ser considerada prueba de culpabilidad de una persona determinada hasta que sea investigada y acreditada.
Los audios deberán ser sometidos a las pericias correspondientes si forman parte de una investigación fiscal.
Y todas las denuncias previas de la periodista deberán ser analizadas para determinar si alguna tiene relación con el asesinato.
La captura de un presunto implicado representa solamente el inicio de un proceso que debe continuar hasta determinar la responsabilidad de todas las personas que eventualmente hayan participado en el crimen.
La respuesta a esas preguntas no puede surgir de rumores ni de especulaciones difundidas en redes sociales. Debe surgir de una investigación fiscal y policial capaz de sostener sus conclusiones con evidencias.
Susy Aponte Polo murió cuando tenía todavía investigaciones por publicar y preguntas por responder.
Ahora corresponde a las instituciones determinar si esas preguntas tienen alguna relación con el crimen y, de ser así, establecer las responsabilidades que correspondan.
Desde CAMSA Comunicaciones expresamos nuestras condolencias a los familiares, amigos, colegas y personas cercanas a Susy Ysabel Aponte Polo, “China Polo”. Como medio de comunicación, nos solidarizamos con el periodismo de Áncash y con todos aquellos que hoy exigen que su muerte sea esclarecida.
Que la investigación llegue hasta el final y que sean las evidencias las que determinen quiénes son responsables del asesinato de Susy Aponte Polo.
Que descanse en paz, “China Polo”.
Redacción: CAMSA Comunicaciones SAC
20 de septiembre de 2026