Una terrible explosión estremeció la ciudad de Trujillo, dejando varios heridos y una infraestructura completamente destruida. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atentado habría sido perpetrado por una organización criminal dedicada a la extorsión, que había exigido a la víctima el pago de un millón de soles a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.
El estallido ocurrió en una zona urbana y su onda expansiva alcanzó a varias viviendas y vehículos, provocando daños de gran magnitud. Vecinos de la zona relataron que el estruendo se sintió en varias cuadras y generó escenas de pánico entre la población.
La víctima había recibido amenazas previas en las que se le imponía un ultimátum: pagar la fuerte suma de dinero o enfrentar represalias. La negativa derivó en un acto de violencia que evidencia el poder y la impunidad con la que actúan estas mafias en la región.
Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes y no descartan que detrás de este ataque se encuentren bandas organizadas que ya han sembrado el terror en La Libertad a través de extorsiones y atentados similares. La Policía y el Ministerio Público han intensificado los operativos en busca de los responsables, mientras los heridos vienen recibiendo atención médica en los hospitales locales.
Este atentado vuelve a poner en evidencia la gravedad de la crisis de inseguridad que enfrenta Trujillo y la urgente necesidad de medidas efectivas para enfrentar a las organizaciones criminales que, con acciones de extrema violencia, ponen en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.
La explosión en Trujillo refleja el fracaso del Estado frente al crimen organizado. Cuando la extorsión se convierte en atentado, la inseguridad deja de ser un tema policial para convertirse en una crisis política que evidencia la debilidad del Gobierno para proteger a sus ciudadanos.
