HUARAL. La controversia por la remodelación de la Plaza de Armas de Huaral continúa generando reacciones entre la población y vuelve a colocar en el centro de la discusión al regidor provincial Eugenio Brito, quien ha ratificado públicamente sus cuestionadas declaraciones contra quienes vienen expresando su rechazo al proyecto. Consultado sobre el calificativo de “atrasapueblo” utilizado para referirse a quienes se oponen a la ejecución de la obra, Brito no solo evitó retirar sus palabras, sino que reafirmó su posición señalando que “aquel que se opone a la ejecución de una obra es un atrasapueblo”. Sus expresiones han generado cuestionamientos porque provienen de una autoridad elegida por voto popular, cuya responsabilidad no debería limitarse a respaldar una obra, sino también a escuchar a la población, fiscalizar las decisiones municipales y garantizar que los proyectos que involucran recursos públicos estén debidamente sustentados.
El problema no está en que Eugenio Brito defienda la remodelación de la Plaza de Armas. Como ciudadano y como autoridad tiene derecho a expresar públicamente su posición y respaldar el proyecto si considera que representa una mejora para Huaral. El problema aparece cuando la defensa de una obra se convierte en una descalificación hacia quienes piensan diferente. ¿Desde cuándo cuestionar una obra pública significa estar en contra del progreso? ¿Desde cuándo preguntar por el expediente técnico, el presupuesto, los árboles, las áreas verdes, el diseño o las características de una intervención convierte automáticamente a un ciudadano en “atrasapueblo”? Una persona puede estar totalmente de acuerdo con que Huaral tenga una plaza moderna, segura, funcional y atractiva y, al mismo tiempo, considerar que la demolición de la infraestructura existente debe ser explicada y sustentada antes de ejecutarse. Eso no es atraso. Eso se llama participación ciudadana.
Brito también cuestionó que personas que no son profesionales puedan formular observaciones sobre el expediente técnico de la obra, argumentando que para realizar cuestionamientos técnicos se necesita conocimiento especializado. En este punto existe una diferencia que una autoridad debería tener perfectamente clara: una cosa es elaborar o validar técnicamente un expediente y otra muy distinta es ejercer el derecho ciudadano a preguntar, observar, solicitar información o expresar desacuerdo. Para determinar si una estructura puede demolerse se necesita un especialista; pero para preguntar cuánto costará la obra, qué alternativas fueron evaluadas, qué ocurrirá con los árboles, por qué se ha elegido determinado diseño o qué beneficios concretos tendrá para la población no se necesita ser ingeniero ni arquitecto. Si existen argumentos técnicos que demuestran que las observaciones ciudadanas son equivocadas, la respuesta institucional debería ser mostrar los documentos y explicar las razones, no descalificar a quienes preguntan.
Además, existe un elemento que Brito debería considerar antes de cuestionar a los ciudadanos: él no está interviniendo en esta discusión únicamente como un vecino de Huaral. Es regidor provincial. Su cargo implica representación política y responsabilidades de fiscalización dentro del Concejo Municipal. Por ello, la ciudadanía tiene derecho a preguntarle no solamente por qué apoya la remodelación, sino también qué ha revisado, qué ha fiscalizado, qué observaciones ha formulado y qué argumentos técnicos ha encontrado para considerar que el proyecto es la mejor alternativa para la ciudad. Si está convencido de que el proyecto es correcto, debería tener la capacidad de explicarlo públicamente y con documentos, porque una autoridad no puede pretender que su opinión sea suficiente para cerrar una discusión que involucra un espacio público y recursos municipales.
El propio Concejo Provincial de Huaral ha demostrado que el proyecto no es un asunto menor ni una controversia inventada en redes sociales. En junio de 2026 se debatió formalmente un pedido para solicitar la suspensión voluntaria de actuaciones vinculadas con la remodelación mientras se conocían informes técnicos, legales y presupuestales y se recogía la opinión ciudadana. El pedido fue aprobado por mayoría y Eugenio Brito votó en contra. Este hecho demuestra que las dudas respecto al proyecto también forman parte del debate institucional del propio Concejo y no únicamente de las protestas ciudadanas. Por ello, resulta difícil sostener que quienes cuestionan la intervención simplemente están intentando impedir el desarrollo de Huaral.
La discusión debería centrarse en algo mucho más serio: si la remodelación propuesta es realmente la mejor opción para la ciudad. Nadie debería oponerse a mejorar un espacio público si esa mejora está correctamente sustentada y representa un beneficio para la población. Pero tampoco debería aceptarse que toda obra sea considerada buena simplemente porque es una obra. Una inversión pública puede ser necesaria, innecesaria, adecuada, deficiente, sobredimensionada o susceptible de una alternativa mejor. Precisamente para eso existen los expedientes técnicos, los estudios, los informes, la fiscalización y el debate público. Si la propuesta contempla la modificación de áreas verdes, intervención de árboles, instalación de grass sintético, implementación de arcos deportivos y otros componentes que han sido cuestionados públicamente, corresponde explicar por qué fueron incorporados y cuál es el sustento técnico que respalda esas decisiones.
Aquí aparece una pregunta que debería responder el propio regidor: ¿ha revisado integralmente el expediente técnico que defiende? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué no explicar públicamente cuáles son sus principales conclusiones? ¿Puede demostrar que la demolición total o parcial resulta técnicamente necesaria? ¿Puede explicar qué alternativas fueron evaluadas? ¿Puede precisar cuánto costará la obra y cuánto costará mantenerla durante los próximos años? ¿Puede explicar qué ocurrirá con los árboles y las áreas verdes existentes? ¿Puede demostrar que el nuevo diseño responde realmente a las necesidades de la población y no únicamente a una decisión arquitectónica? Son preguntas legítimas y, lejos de representar atraso, forman parte del ejercicio democrático.
También resulta necesario recordar que la trayectoria pública de una autoridad está permanentemente sometida al escrutinio ciudadano. En el caso de Brito existe, entre otros antecedentes, una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que en 2021 impuso una multa de 10 UIT a Eugenio Próspero Brito Castro cuando era candidato a la alcaldía distrital de Chancay. Este antecedente corresponde a un proceso electoral anterior y no tiene relación directa con la actual controversia de la Plaza de Armas, por lo que no debería utilizarse para insinuar una irregularidad en el proyecto actual; sin embargo, al tratarse de una resolución oficial, forma parte de su trayectoria pública y puede ser conocida y evaluada por la ciudadanía.
También se han registrado controversias anteriores relacionadas con sus expresiones durante el ejercicio de la función política, así como cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en el ámbito del Concejo Provincial. Uno de los episodios más recientes ocurrió alrededor de una comisión especial que investigó al regidor Albertico Quintana. Brito presidió dicha comisión, que recomendó una suspensión de 30 días, pero posteriormente votó en contra de aplicar esa sanción cuando el caso llegó al pleno del Concejo, argumentando la existencia de factores atenuantes. El hecho no permite afirmar que haya cometido una irregularidad, pero sí constituye un episodio sobre el cual la ciudadanía puede preguntarse cómo se establecen sus criterios de fiscalización y por qué una autoridad puede adoptar una posición en una comisión y posteriormente otra en el pleno.
Todo esto adquiere mayor relevancia cuando el mismo regidor pretende presentar a los ciudadanos que cuestionan una obra como personas que están frenando el desarrollo. Una autoridad debería ser consciente de que la ciudadanía no tiene la obligación de aceptar silenciosamente cada decisión municipal. El derecho a disentir es parte de la democracia y la obligación de responder corresponde especialmente a quienes ejercen cargos públicos. Si una persona considera que la plaza debe ser remodelada, puede defenderla. Si otra considera que debe conservarse, también puede defender su posición. Pero ninguna de las dos debería ser descalificada simplemente por pensar diferente.
La Plaza de Armas de Huaral no pertenece a un alcalde, a un regidor ni a una gestión municipal. Es un espacio público que forma parte de la vida cotidiana, la memoria y la identidad de la ciudad. Por esa razón, una intervención de esta magnitud merece un debate a la altura de la importancia que tiene el lugar. Huaral no necesita una confrontación entre quienes supuestamente representan el progreso y quienes supuestamente representan el atraso. Necesita información, transparencia, argumentos, participación ciudadana y autoridades capaces de explicar sus decisiones sin convertir al ciudadano que pregunta en un adversario político.
Eugenio Brito tiene todo el derecho de defender la remodelación de la Plaza de Armas, pero precisamente por ser regidor tiene también la responsabilidad de hacerlo con argumentos y no mediante calificativos. Si considera que el proyecto es correcto, que lo demuestre. Si considera que las observaciones sobre los árboles, las áreas verdes, el diseño, el grass sintético, los arcos deportivos o cualquier otro componente carecen de sustento, que explique públicamente por qué. Si existen estudios que respaldan la intervención, que sean conocidos por la ciudadanía. Si existen alternativas que fueron descartadas, que se explique cuáles fueron y por qué. Y si existen aspectos que pueden mejorarse, también corresponde reconocerlos.
Porque defender una obra no significa cerrar el debate. Defender una obra significa estar dispuesto a responder todas las preguntas que genera. Y cuando se trata de una inversión pública que transformará uno de los principales espacios de Huaral, el ciudadano tiene derecho a preguntar, observar, cuestionar y exigir explicaciones, tenga o no tenga un título profesional.
Por eso, la verdadera discusión ya no debería ser quién está a favor y quién está en contra de la Plaza de Armas. La discusión debería ser quién puede demostrar, con documentos, estudios y argumentos, que la decisión que se pretende ejecutar es realmente la mejor para Huaral. Si Eugenio Brito tiene esa información, este es el momento de mostrarla. Porque llamar “atrasapueblo” a quien pregunta no demuestra que una obra sea buena. Explicar con transparencia por qué debe ejecutarse sí.
Huaral puede y debe aspirar a una Plaza de Armas moderna, segura, ordenada y acorde con las necesidades de una ciudad que enfrenta nuevos desafíos. Pero modernizar no significa necesariamente demoler, y cuestionar una demolición tampoco significa necesariamente oponerse al desarrollo. La ciudadanía merece que esa discusión se produzca sin etiquetas y sin descalificaciones, porque finalmente no se está decidiendo sobre la propiedad de un grupo político, sino sobre un espacio que pertenece a todos los huaralinos.
La pregunta que queda sobre la mesa para el regidor Eugenio Brito es, entonces, mucho más importante que su polémico calificativo: ¿está dispuesto a demostrar públicamente, expediente en mano, que la remodelación que defiende es técnicamente necesaria, económicamente conveniente, legalmente sustentable y realmente beneficiosa para Huaral? Porque si la respuesta es sí, los ciudadanos merecen conocer esos argumentos. Y si alguien considera que esos argumentos son insuficientes, tendrá todo el derecho de seguir cuestionándolos.
La Plaza de Armas puede cambiar. El debate también puede cambiar. Lo que no debería cambiar es el derecho de los huaralinos a preguntar, fiscalizar y ser escuchados.