Lo que inicialmente parecía un desfase administrativo hoy toma forma de un caso que amerita investigación. En Carquín, la Municipalidad Distrital registra un saldo pendiente de devolución de S/ 74,351.86 correspondiente a convenios ejecutados en 2023 con el programa Llamkasun Perú.
El cuadro oficial revela más que cifras: evidencia patrones. Tres intervenciones todas vinculadas a limpieza, mantenimiento y acondicionamiento en zonas de playa, trochas carrozables y áreas turísticas fueron declaradas como “resueltas” con “informe técnico financiero”. Sin embargo, al contrastar el financiamiento aprobado (S/ 352,468.00) con lo efectivamente ejecutado (S/ 272,110.15), salta una brecha significativa que no ha sido plenamente justificada.
LOS NÚMEROS QUE GENERAN SOSPECHAS
- Primer convenio: saldo por devolver de S/ 26,599.50
- Segundo convenio: saldo por devolver de S/ 34,896.82
- Tercer convenio: saldo por devolver de S/ 12,855.54
Aunque solo uno registra devolución parcial (S/ 6,005.99), el resto mantiene montos íntegros pendientes. En todos los casos, la situación legal ya se encuentra en manos de la unidad de asesoría jurídica, lo que sugiere que el proceso ha escalado más allá de una simple observación administrativa.
¿DEFICIENCIA O RESPONSABILIDAD FUNCIONAL?
La constante en los tres proyectos es clara: recursos aprobados que no coinciden con lo ejecutado ni con lo devuelto. Esto abre varias hipótesis: deficiente planificación, fallas en la ejecución, problemas en la rendición de cuentas o, en el peor de los escenarios, uso inadecuado de fondos públicos.
Desde un enfoque de control gubernamental, este tipo de inconsistencias puede configurar responsabilidad administrativa e incluso dar paso a acciones civiles o penales, dependiendo de si se acredita negligencia o dolo en el manejo presupuestal.
SILENCIO QUE PREOCUPA
A pesar de la evidencia documentada y actualizada al 2025, no existe hasta ahora un pronunciamiento público claro por parte de la gestión municipal. Este vacío de información agrava la percepción de falta de transparencia y debilita la confianza ciudadana.
IMPACTO DIRECTO EN LA POBLACIÓN
Los más de S/ 74 mil en cuestión no son una cifra menor para un distrito. Son recursos que pudieron destinarse a servicios básicos, mantenimiento urbano o proyectos sociales. Su devolución al Estado implicaría una pérdida directa para la comunidad.
LO QUE DEBE INVESTIGARSE
- ¿Por qué no se ejecutó el total del presupuesto asignado?
- ¿Qué ocurrió con los saldos no justificados?
- ¿Quién autorizó y supervisó estos proyectos?
- ¿Se cumplieron los objetivos reales de las intervenciones?
Este caso ya no es solo contable: es político, administrativo y potencialmente legal. Y como en todo manejo de fondos públicos, la regla es clara: cada sol debe ser sustentado.