El Congreso aprobó una ley que otorga una bonificación mensual de hasta S/ 9,360 para fiscales titulares, como parte de una demanda para equiparar sus remuneraciones con las de los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, la medida se ha vuelto inviable, ya que la norma fue promulgada sin contar con los recursos necesarios para su cumplimiento.
La Ley 32432 establece otorgar ese bono adicional a fiscales titulares, mientras que montos menores se asignarían a fiscales de niveles inferiores, según su jerarquía. No obstante, la norma indica que la compensación debe financiarse con el presupuesto ya existente en el Ministerio Público, sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público.
El Ministerio Público estima que para cumplir con todos los pagos mensuales se requerirían más de S/ 43,9 millones al mes, lo que equivale a un desembolso anual de cerca de S/ 527,3 millones, cifra que supera ampliamente lo que actualmente está disponible en sus partidas presupuestales.
La fiscal de la Nación ha advertido al Congreso que aprobar leyes sin financiamiento previo genera riesgo de incumplimiento, y que ya se habían enviado oficios señalando la falta de viabilidad económica de esta norma.
Este desajuste plantea una fuerte tensión institucional: por un lado, los fiscales demandan el reconocimiento y homologación salarial prometidos; por el otro, el Gobierno y el Ministerio Público enfrentan limitaciones reales para ejecutar lo aprobado. Si no se reasignan fondos o se aprueba un suplemento presupuestario, el bono podría quedar en letra muerta, lo que podría generar protestas o cuestionamientos públicos por promesas incumplidas.