El expresidente de la República, Martín Vizcarra, afronta una nueva controversia en medio de los procesos judiciales que enfrenta. El programa de investigación Panorama reveló que el exmandatario emitió dos recibos por honorarios que, sumados, ascienden a 28 mil soles.
El primero, por 18 mil soles, fue dirigido a su propio partido político Perú Primero, inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en mayo de 2023. Según el documento, el pago corresponde a “asesoría y consultoría en gestión y proyección política”.
El segundo recibo, por 10 mil soles, fue girado a Urbaniza 3D SAC, empresa dedicada al rubro inmobiliario y administrada por su esposa, Maribel Díaz Cabello. Este pago se justificó como “gestión y desarrollo de proyecto de habilitación urbana” en el centro poblado Los Ángeles, en la región Moquegua.
De acuerdo con la investigación periodística, estos ingresos formarían parte de una estrategia para acreditar arraigo laboral. Esto es, demostrar que el investigado cuenta con trabajo y actividades económicas estables en el país, lo que podría servir como argumento para evitar que se le imponga la prisión preventiva por seis meses solicitada por la Fiscalía.
Vizcarra afronta esta medida coercitiva en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que el Ministerio Público le imputa presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La audiencia para definir si irá o no a prisión preventiva está programada para este miércoles.
En paralelo, el exmandatario realizó una visita a Santa Rosa, donde participó en actividades públicas y recibió muestras de respaldo de simpatizantes. Algunos analistas políticos calificaron esta aparición como un “baño de popularidad”, aprovechando la atención mediática que también generaron recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que abrieron debate en la región.
Cabe señalar que Martín Vizcarra se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por decisión del Congreso de la República, por lo que no puede postular a ningún proceso electoral en el futuro cercano.
Este caso refleja cómo figuras políticas con procesos judiciales pendientes utilizan sus redes partidarias y familiares para sostener una imagen activa y, al mismo tiempo, blindarse legalmente. Más allá de lo legal o ilegal, evidencia una estrategia política para influir en la percepción pública y en las decisiones judiciales.
