La Unidad Gremial del Transporte Urbano, que agrupa a diversos sindicatos formales de Lima y Callao, anunció la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo 21 de agosto, como medida de protesta frente al creciente clima de inseguridad que afecta al sector.
Los transportistas exigen al Gobierno adoptar acciones contundentes para frenar la ola de extorsiones, ataques violentos y casos de sicariato dirigidos contra conductores y operadores del servicio de transporte público. En un comunicado oficial, manifestaron que “la violencia y la impunidad están poniendo en riesgo no solo nuestro trabajo, sino también la integridad y vida de miles de trabajadores y sus familias”.
Advirtieron además que, de mantenerse esta situación crítica sin respuesta efectiva, evaluarán convocar a un paro nacional indefinido en coordinación con otros sectores, previsto para septiembre, para exigir mayor seguridad y garantías en el ejercicio de sus labores.
Este llamado de atención pone en evidencia el grave problema de criminalidad que enfrenta el transporte público en la capital y el Callao, un sector vital para la movilidad diaria de millones de ciudadanos. Las autoridades han sido instadas a fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia, así como a mejorar la persecución penal contra los responsables de estos delitos.
La convocatoria al paro por parte de los transportistas refleja la creciente frustración hacia un Estado que no garantiza la seguridad ni protege a sus trabajadores. Es urgente que el gobierno implemente políticas efectivas y coordinadas para combatir la extorsión y el crimen organizado, demostrando compromiso real con la seguridad ciudadana y la estabilidad laboral. De lo contrario, estas protestas podrían escalar y afectar la estabilidad social y económica del país.
