Un confuso y lamentable incidente en Mosquera, Nariño, dejó como saldo la muerte de un funcionario municipal y un herido, luego de que efectivos de la Armada de Colombia dispararan contra la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa Karen Lizeth Pineda junto a su equipo de trabajo.
Según versiones preliminares, la embarcación fue atacada por militares en una zona catalogada como de alto riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando la autoridad local y su comitiva se trasladaban por vía fluvial. Producto del ataque, falleció Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa, mientras que uno de sus escoltas, miembro de la Policía Nacional, resultó gravemente herido. La alcaldesa salió ilesa del tiroteo.
El presidente Gustavo Petro lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia del funcionario fallecido. En sus declaraciones atribuyó el hecho al incumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por la Armada en operaciones de control.
“El incumplimiento de protocolos provocó este lamentable desenlace”, afirmó el mandatario, asegurando que las investigaciones se realizarán con rigor para establecer responsabilidades.
Las autoridades civiles y de control anunciaron la apertura de investigaciones disciplinarias y judiciales para esclarecer lo sucedido. La Procuraduría General abrió un proceso contra los oficiales responsables de la operación, mientras que la Defensoría del Pueblo exigió garantizar la protección de las autoridades locales y de la población civil en zonas afectadas por el conflicto.
La Armada, por su parte, señaló que la embarcación en la que viajaba la alcaldesa circulaba a alta velocidad, en sentido contrario y sin luces de identificación, lo que generó la reacción de las unidades navales. Sin embargo, se comprometió a colaborar con las investigaciones y enviar una comisión especial a la zona.
Este hecho ha generado conmoción en Colombia y revive el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en territorios donde confluyen operaciones militares y desplazamientos de autoridades civiles. La muerte de un funcionario en cumplimiento de sus labores y la vulnerabilidad en la que quedó expuesta una alcaldesa reflejan la urgencia de fortalecer las medidas de protección y coordinación para evitar que tragedias como esta se repitan.
