La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) informó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que el excandidato presidencial Rafael López Aliaga no registra ingresos provenientes del extranjero, pese a mantener participación en empresas constituidas fuera del país. De acuerdo con dos informes remitidos al Ministerio Público, dichas compañías ubicadas en jurisdicciones como Panamá no evidenciarían operaciones con fuente extranjera declarada. En consecuencia, el exburgomaestre “no habría presentado declaraciones ni pagado tributos por ingresos del exterior”, aun teniendo presencia empresarial internacional.
En paralelo, durante el proceso electoral, López Aliaga sostuvo en reiteradas ocasiones sin pruebas que la muerte de José Miguel Castro no fue un suicidio, sino un presunto homicidio para evitar que declare en investigaciones vinculadas a la exalcaldesa Susana Villarán. Si bien Castro fue colaborador eficaz en el caso de aportes ilícitos de Odebrecht, también tenía un rol relevante como testigo en la investigación por presunto lavado de activos que involucra al propio López Aliaga.
El 26 de julio de 2022, la fiscal Manuela Villar formalizó una acusación por lavado de activos contra López Aliaga, su socio Rui Baracco Lira y tres empresas offshore creadas a través del estudio panameño Mossack & Fonseca: Acres Investments Ltd. (Nevada, EE. UU.), Acres Investments International Ltd. (Panamá) y Paga Investments Ltd. (Islas Vírgenes Británicas).
Según la hipótesis fiscal, estas compañías habrían recibido recursos derivados de contratos suscritos por empresas vinculadas a López Aliaga con la Caja Metropolitana de Lima, durante la gestión de José Miguel Castro. Parte de estos fondos habría sido transferida posteriormente a cuentas en el extranjero.
Asimismo, la investigación incluye a las empresas locales Acres Finance S.A. y Acres Sociedad Titulizadora S.A., las cuales según la Fiscalía fueron contratadas sin concurso público para administrar una deuda millonaria del programa municipal Caja Gas. Dichas contrataciones habrían generado perjuicios económicos al Estado, estimados por la Contraloría en al menos S/ 9,9 millones.
Los reportes de Sunat también señalan que ni López Aliaga ni su socio cuentan con registros de ingresos internacionales declarados. Este hallazgo coincide con antecedentes tributarios del excandidato, quien anteriormente fue vinculado a deudas millonarias con la administración fiscal.
Pese a que López Aliaga ha afirmado en diversas ocasiones ser uno de los mayores contribuyentes del país, la información remitida por Sunat a la Fiscalía plantea cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en relación con operaciones internacionales.
Finalmente, el Poder Judicial rechazó el pedido de archivo del caso. El juez Jorge Chávez Tamariz sostuvo que, aun cuando los fondos hayan sido canalizados a través del sistema financiero, estos tendrían origen en presuntos actos de corrupción, lo que según indicó compromete su legitimidad.