Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones universitarias como medida de protesta ante lo que califican de un intento de privatización de la educación pública. Señalan que recientes modificaciones al reglamento de admisión, entre ellas nuevos cobros, restricciones para cambios de carrera y exigencias para quienes cursan una segunda especialidad, son percibidas como medidas excluyentes.
Los estudiantes, agrupados bajo la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros de varias facultades, exigen que se eliminen los cobros aplicados recientemente al proceso de admisión, que se revisen los costos de laboratorios y matrícula, y que se establezca una mesa de diálogo con la rectora Jeri Ramón para resolver estas discrepancias.
“No aceptaremos que se debilite el derecho a una universidad pública y gratuita,” afirmó uno de los representantes de la FUSM.
La toma comenzó el miércoles 10 de septiembre, de forma indefinida, y hasta ahora se mantiene pacífica. No hay presencia visible de fuerzas policiales en los exteriores del campus, según reportan los propios estudiantes. Como consecuencia de la protesta, la universidad suspendió el examen de admisión 2026-I, programado para mediados de septiembre, “hasta nuevo aviso”, alegando que no se dan las condiciones de seguridad para su realización.
Desde el rectorado han manifestado rechazo a lo que califican como “distorsiones” en las demandas estudiantiles, y han señalado su disposición al diálogo, aunque también han advertido sobre los actos que puedan derivar en violencia o vandalismo. Los estudiantes insisten en que sus reclamaciones no solo buscan anular cobros y condiciones que consideran injustas, sino también preservar la enseñanza pública como un bien de acceso igualitario para todos.
La crisis en San Marcos ha generado amplio debate en círculos académicos, políticos y sociales sobre los límites entre financiamiento institucional, equidad educativa y las posibles consecuencias de las nuevas normativas en universidades públicas. Se espera que, en los próximos días, se establezca un canal formal de diálogo que incluya a los estudiantes afectados, autoridades universitarias y representantes de otras instancias del gobierno.
