La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley que otorga amnistía a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa investigados, procesados o condenados por delitos relacionados con la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
La norma, firmada en una ceremonia en Palacio de Gobierno junto a congresistas que impulsaron su aprobación, fue presentada por el Ejecutivo como un acto de “justicia” hacia quienes combatieron a los grupos armados durante el conflicto interno. Sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, que consideran que fomenta la impunidad.
Entre los posibles beneficiados figuran exintegrantes de las fuerzas del orden y de patrullas civiles vinculados a casos emblemáticos como las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca y Cayara. En algunos de estos hechos, el Estado peruano ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han advertido que la ley contraviene las obligaciones internacionales del país, al incluir amnistías por crímenes graves. La presidenta de la CIDH solicitó al Estado suspender su aplicación hasta evaluar su impacto en las víctimas, citando a una audiencia pública el próximo 21 de agosto.
Diversos especialistas sostienen que la norma podría ser inaplicada por jueces nacionales bajo el principio de control de constitucionalidad y convencionalidad. No obstante, el desenlace dependerá de los pronunciamientos judiciales en cada caso.
El conflicto armado interno dejó cerca de 70.000 víctimas, un tercio de ellas atribuidas a agentes estatales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La aprobación de esta ley reaviva el debate sobre la memoria, la justicia y las heridas aún abiertas de ese periodo.
