El expresidente de la República, Martín Vizcarra, lanzó duras acusaciones apenas horas después de ser recluido en el Penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, cumpliendo la orden judicial de cinco meses de prisión preventiva por presunto delito de cohecho pasivo propio durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
En un video difundido en sus redes oficiales, Vizcarra aseguró que detrás de su encarcelamiento existe un “pacto mafioso que cogobierna el Perú desde las sombras”, el cual —según afirmó— habría ejercido presiones e influencias en el Poder Judicial para asegurar que se dictara la medida en su contra. “Están usando todo su poder para silenciarme y apartarme de la vida política. No es un proceso de justicia, es una venganza política”, sostuvo.
La medida de prisión preventiva fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien argumentó riesgo de fuga y posible obstaculización de la investigación que indaga millonarios sobornos vinculados a obras ejecutadas durante la gestión regional de Vizcarra.
El exmandatario comparte ahora el mismo penal de régimen especial con otros expresidentes procesados o condenados, como Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Vizcarra permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad y protocolos propios para internos de alto perfil.
Este caso se suma a la larga lista de expresidentes peruanos involucrados en graves acusaciones de corrupción, un panorama que sigue alimentando la crisis de credibilidad en las instituciones y el creciente clima de polarización política en el país.
La acusación de Vizcarra contra un supuesto “pacto mafioso” no solo busca defender su imagen, sino también posicionarse como víctima de un entramado de poder que, según él, controla el país. Sin embargo, este tipo de denuncias, comunes en la narrativa de políticos procesados, también pueden interpretarse como una estrategia para movilizar a sus simpatizantes y desacreditar el proceso judicial. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, estas declaraciones podrían profundizar la polarización y reforzar el discurso de confrontación que domina la política peruana.
