El abogado Joseph Campos, defensor de la presidenta Dina Boluarte, denunció que la entonces fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, abrió una nueva investigación preliminar contra la mandataria poco antes de ser apartada de su cargo, en el marco de las pesquisas relacionadas con las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Según Campos, la indagación fue declarada “compleja” y se decidió extenderla por ocho meses.
En declaraciones a medios, Campos sostuvo que “lo que se ha estado haciendo durante esta investigación, que ha durado 30 meses, es dosificar para mantenerla”, y denunció que el nuevo expediente incluiría hechos ya analizados y cerrados previamente. Añadió que la imputación contra la presidenta se basa en una supuesta omisión de funciones —sin elementos de convicción claros— y cuestionó la falta de acumulación del caso con las denuncias ya activas.
El abogado detalló que las nuevas carpetas investigativas —una por lesiones leves y otra por lesiones leves y graves— se habrían iniciado en 2023 y que la disposición para declarar la investigación compleja fue tomada poco antes de la suspensión de Espinoza. En su visión, se trataría de una estrategia para mantener presión política sobre la presidenta.
Campos también estableció un paralelo con el caso de la exfiscal Patricia Benavides, quien —según dijo— interpuso denuncias contra Boluarte justo antes de ser suspendida, lo que para él evidencia un patrón de acciones con fines políticos más que jurídicos. Respecto al futuro del nuevo expediente bajo la gestión del fiscal interino Tomás Gálvez, estimó que podría tratarse de incorporarlo o suspenderlo, según lo que decida el Ministerio Público, en línea con recientes criterios del Tribunal Constitucional.
Este nuevo episodio adquiere relevancia en un escenario en el que el país sigue expectante frente a la investigación de las muertes durante las manifestaciones sociales, incluyendo hechos de alto impacto como las masacres de Ayacucho y Juliaca. La acusación de “dosificación” del proceso, si prospera en el debate público, podría generar cuestionamientos sobre imparcialidad y estrategias que utilizan actores del sistema judicial con efectos políticos directos.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y sectores del Ministerio Público revela la fragilidad institucional que atraviesa el país. La apertura de una nueva investigación contra la presidenta, en un contexto de suspensiones y pugnas internas dentro de la Fiscalía, alimenta la percepción ciudadana de que la justicia se instrumentaliza políticamente. Este tipo de episodios no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que también podrían debilitar la gobernabilidad en un momento en que el país demanda estabilidad y respuestas frente a los problemas sociales y de seguridad.