Lo sucedido en Huaral durante las celebraciones navideñas no puede reducirse a una simple “falla técnica” ni a un inconveniente operativo pasajero. Estamos frente a un hecho mucho más grave: la transgresión directa de un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política del Perú.
Privar de agua potable a toda una ciudad en Navidad no es solo incapacidad administrativa, es una expresión clara de negligencia institucional y un agravio inaceptable contra la ciudadanía.
El acceso al agua potable es un derecho esencial para la vida, la salud y la dignidad humana. Así lo consagra el artículo 7-A de la Constitución, que garantiza el acceso progresivo y universal al agua, priorizando el consumo humano sobre cualquier otro uso. En Huaral, este mandato constitucional ha sido ignorado de manera reiterada por el OTASS y por la administración que ejerce sobre EMAPA Huaral.
El OTASS asumió el control de la EPS bajo el denominado Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), concebido como una medida excepcional y temporal, con un plazo máximo de tres años. Su objetivo era claro: sanear financieramente la empresa y garantizar un servicio continuo de agua potable. Sin embargo, han transcurrido más de ocho años y los resultados brillan por su ausencia. No hay mejora del servicio, no hay agua las 24 horas y tampoco existen explicaciones claras.
Lo transitorio se volvió permanente. El apoyo se transformó en dependencia eterna, sin rendición de cuentas, sin transparencia y sin una fecha definida de salida. Nadie informa con certeza si EMAPA Huaral está realmente saneada. Lo único evidente para los usuarios es un servicio deficiente, intermitente y con facturaciones que no guardan relación con la realidad.
UNA NAVIDAD SIN AGUA: UNA MANCHA QUE INDIGNA AL PAÍS
Que Huaral haya pasado la Navidad sin agua potable no solo resulta indignante, sino profundamente inhumano. Días antes del 25 de diciembre, miles de familias ya no contaban con el servicio básico. Hogares que no pudieron cocinar, asearse ni atender adecuadamente a niños, adultos mayores o personas con enfermedades. Todo ello mientras llegaban recibos con montos excesivos, como si el suministro hubiese sido normal y constante.
¿De qué derecho constitucional hablamos cuando los medidores registran aire, los cortes son frecuentes y los cobros resultan abusivos? Esto no es un hecho aislado. Es un patrón que se repite en diversas provincias donde el OTASS administra empresas de saneamiento: mala gestión, servicio deficiente, tarifas elevadas y funcionarios intocables.
Mientras el pueblo de Huaral enfrentaba una Navidad sin agua, el gerente general de EMAPA Huaral, Juan Carlos Bueno Rivera, y otros funcionarios externos continuaban percibiendo altos salarios y celebrando sin carencias.
Más grave aún resulta que, en sesión de concejo, el propio Carlos Bueno Rivera afirmara que Huaral cuenta con 21 horas diarias de servicio de agua potable.
La indignación es inevitable y la pregunta surge con fuerza:
¿Dónde está esa agua?
¿En qué barrios, en qué viviendas, en qué Huaral?
El agua potable no es un privilegio, no es una concesión graciosa del Estado ni un botín administrativo. Es un derecho humano protegido por la Constitución. Cuando una entidad demuestra reiteradamente su incapacidad para garantizarlo, su continuidad se vuelve insostenible.
Huaral no necesita más excusas ni discursos técnicos vacíos. Necesita decisiones inmediatas, mesas de trabajo reales, fiscalización ciudadana y una posición firme que exija la salida del OTASS de la provincia. Su permanencia solo prolonga el abuso y normaliza la precariedad.
¿QUIÉN RESPONDE POR HUARAL?
La población ya se ha pronunciado. El malestar es general, legítimo y creciente.
Hoy la interpelación es directa:
¿Dónde están las autoridades?
¿Seguirán en silencio mientras se vulnera un derecho constitucional básico?
¿O asumirán, de una vez por todas, su deber de defender a los huaralinos?
El agua es vida. Sin agua no hay dignidad.
Y en Huaral, el OTASS ha demostrado que no puede ni debe continuar al frente de EMAPA.
Las autoridades tienen la palabra.
El pueblo de Huaral exige respuestas, justicia y agua potable ahora.