Hasta el 6 de septiembre de 2025, 24 niños menores de cinco años han fallecido por tos ferina solo en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. En toda la región los decesos ascienden a 28, y a nivel nacional ya suman 31 menores fallecidos, según reportes oficiales del Ministerio de Salud. Este brote es considerado uno de los más graves de la última década en el país y ha puesto en evidencia graves deficiencias en las estrategias de vacunación en zonas amazónicas.
Especialistas en salud pública advierten que el principal problema radica en la incapacidad del Estado para garantizar una cobertura de vacunación adecuada y constante en comunidades indígenas y rurales. El médico infectólogo Juan Celis denunció que el Ministerio de Salud no está destinando los recursos necesarios para que las brigadas de salud lleguen a las comunidades más alejadas, ni para capacitar personal que hable las lenguas originarias y pueda hacer seguimiento efectivo a los niños que deben completar sus dosis. Para muchas de estas comunidades, acceder a servicios básicos sigue siendo una tarea casi imposible.
Organizaciones indígenas y entidades civiles han pedido declarar la alerta sanitaria y aplicar un plan de salud integral con enfoque intercultural que priorice a los pueblos originarios de Loreto, entre ellos los Achuar, Kandozi, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún. Sin embargo, hasta el momento el Minsa no ha declarado emergencia sanitaria ni ha anunciado una estrategia clara que permita detener el avance de esta enfermedad.
La situación se agrava por la geografía de la zona y la falta de infraestructura: la mayoría de los puestos de salud cuentan con personal insuficiente, sin medicamentos, sin equipos adecuados y con dificultades para conservar las vacunas por fallas en la cadena de frío. Aunque el Minsa asegura que continúa con el proceso de vacunación a nivel nacional, en Loreto muchas comunidades afirman que sus niños no han sido vacunados o que no han completado el esquema recomendado.
Este brote no solo es una crisis de salud, sino un reflejo de la falta de voluntad política para garantizar el derecho a la vida y a la salud en las zonas más olvidadas del país. No basta con reaccionar cuando la tragedia ya ha golpeado: es necesario implementar políticas sostenibles, con presencia real del Estado, que reconozcan la diversidad cultural y geográfica del Perú. Cada día que pasa sin una acción decidida, más niños quedan expuestos y más familias enfrentan el dolor de perder a sus hijos por una enfermedad prevenible.