Un juez ordenó la suspensión preventiva de Víctor Zanabria Angulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú, por 18 meses mientras se esclarecen presuntas irregularidades por peculado y colusión agravada en Arequipa.
La medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tras admitir el pedido del fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva. Zanabria afronta acusaciones en el marco del caso conocido como “Policías albañiles”.
Se le imputa que en 2020, cuando dirigía la IX Macro Región Policial de Arequipa, habría obligado a suboficiales a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería dentro de instalaciones policiales, tareas distintas de sus funciones oficiales, que debían ser patrullaje a pie.
Otra línea de investigación señala que estos trabajos podrían haber sido usados para desviar fondos públicos. Claver Colquehuanca, uno de los maestros de obra, declaró que recibió montos mayores a lo acordado inicialmente, y que parte del excesivo pago habría sido entregado al general Zanabria bajo instrucciones directas.
La suspensión implica que Zanabria no podrá ejercer su cargo ni funciones de mando en la PNP durante el plazo fijado, en tanto duren las diligencias fiscales y judiciales.
El caso ha generado gran atención en círculos institucionales y de la ciudadanía, pues involucra presuntas conductas de corrupción del alto mando policial. Las autoridades correspondientes deberán presentar más pruebas y testimonios durante las audiencias próximas para decidir si el proceso avanza formalmente hacia acusación.
Víctor Zanabria ha negado las acusaciones y asegura que los trabajos fueron voluntarios y con fines institucionales, sin desvío de fondos ni abuso de autoridad.
La PNP deberá designar de forma interina al comandante general mientras dure la suspensión.
Este caso evidencia cómo la corrupción no solo debilita la credibilidad de la Policía Nacional, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en el Estado. Es clave que el Gobierno actúe con firmeza y transparencia al designar a un reemplazo, priorizando la idoneidad y la integridad, para evitar que este episodio profundice la crisis de legitimidad que atraviesan nuestras instituciones.