En medio de una crisis social sin precedentes, protestas en Indonesia se transformaron en violencia, provocando incendios en dos edificaciones del poder legislativo. La Comisión para las Personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia (KontraS) informó que los disturbios dejaron al menos seis personas fallecidas, unas 20 desaparecidas y dos parlamentos regionales consumidos por las llamas.
El estallido social comenzó tras conocerse un paquete de beneficios dirigido a los parlamentarios, incluidos subsidios de vivienda equivalentes a casi diez veces el salario mínimo de Yakarta. Lo que inicialmente fue una medida controversial desembocó en manifestaciones masivas en ciudades como Yakarta, Bandung, Makassar y Surabaya, algunas de las cuales derivaron en actos de violencia y represión.
La tensión alcanzó su punto más crítico en Makassar, donde una turba incendió el edificio legislativo local. El fuego dejó tres muertos y cinco heridos, quienes, en un intento desesperado por escapar de las llamas, se lanzaron desde el inmueble. Esa misma noche, en Bandung, otro parlamento regional fue incendiado, aunque en este caso no se reportaron víctimas. En Surabaya, manifestantes atacaron una comisaría: destruyeron vehículos, derribaron barreras de seguridad y se enfrentaron con las fuerzas policiales, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.
KontraS además registró 23 denuncias por desapariciones forzadas, de las cuales tres ya fueron confirmadas, mientras que el resto permanece en investigación. La indignación aumentó luego de la difusión de un video en el que un mototaxista, identificado como Kurniawan, fue embestido por una camioneta policial durante una manifestación, lo que generó mayor malestar ciudadano.
La comunidad internacional y diversos organismos de derechos humanos exigieron una investigación independiente y transparencia en el accionar policial. La ONU instó al gobierno indonesio a esclarecer los hechos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el marco de las protestas.
El presidente Prabowo Subianto, presionado por el creciente descontento popular, canceló un viaje oficial a China y anunció la suspensión inmediata de privilegios parlamentarios como los subsidios a la vivienda y viajes al exterior, en un intento por apaciguar la tensión. Sin embargo, miles de ciudadanos permanecen en las calles exigiendo justicia y mayor transparencia.
Esta acción muestra cómo las decisiones políticas desconectadas de la realidad social pueden encender la indignación popular. Cuando la clase política se otorga privilegios mientras la ciudadanía enfrenta crisis económicas, la consecuencia es una ruptura de confianza que termina en estallidos sociales. La lección es clara: los parlamentos deben representar al pueblo, no aprovecharse de él.
