En un macrooperativo coordinado, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, en conjunto con la Policía Nacional, detuvo a al menos diez presuntos miembros de la organización criminal conocida como Los Indeseables del Norte Chico. Esta banda está acusada de delitos graves que incluyen extorsión, tráfico de terrenos, falsificación de documentos y sicariato.
Según informó el Ministerio Público, la investigación revela que la red operaba desde el año 2019 y, mediante documentos falsos como escrituras y minutas, pretendía legalizar la usurpación de terrenos en distritos del norte chico. Además, imponía pagos ilegales (cobros de cupos) a conductores, cobradores del transporte informal y sindicatos del sector de construcción civil, recurriendo frecuentemente a amenazas y actos de violencia para imponer su dominio.
El operativo incluyó alrededor de 20 allanamientos en viviendas de Huaura, Huacho, Hualmay, Santa María y La Caleta de Carquín, además de cinco celdas del penal de Huacho, donde algunos implicados mantenían comunicaciones con otros miembros de la organización. Se incautaron celulares, laptops, chips, armas, estupefacientes y dinero en efectivo, evidencias que serán clave para avanzar en las investigaciones.
El fiscal provincial Luis Salas Ostos declaró que la acción judicial tiene por objetivo “desmantelar completamente la estructura interna” de la red y “determinar responsabilidades penales conforme a la gravedad de los delitos”. Añadió que las detenciones preliminares serán por quince días, mientras se recolectan más pruebas que permitan establecer jerarquías y vínculos dentro de la organización.
Las autoridades también manifestaron su compromiso de proteger a víctimas y testigos, dado que la banda habría operado bajo un clima de temor en la población, afectando la seguridad ciudadana y el orden legal en la zona.
Este golpe contra Los Indeseables del Norte Chico representa un avance importante en la lucha contra la criminalidad organizada en la región de Huaura, esclareciendo cómo operan las redes dedicadas al tráfico de tierras y extorsión, y buscando restablecer la justicia en las comunidades afectadas.