El Ministerio de Cultura ha decidido anular parcialmente las autorizaciones otorgadas a Prolima para continuar con las excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda, ubicada a escasos metros del Despacho Presidencial. La medida fue adoptada bajo el argumento de que dichos trabajos representarían un riesgo para la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que el proyecto busca recuperar importantes vestigios de la Lima virreinal.
Las resoluciones afectadas fueron emitidas entre 2023 y 2024, y comprenden áreas donde se han hallado restos del histórico Molino de Aliaga y del antiguo Arco del Puente, estructuras consideradas piezas clave del patrimonio cultural de Lima. Desde Prolima han manifestado su preocupación, advirtiendo que la paralización de las labores y el posible cubrimiento de los hallazgos con asfalto podría ocasionar daños irreversibles al legado histórico de la ciudad.
Por su parte, el Ministerio de Cultura ha señalado que la anulación parcial se sustenta en informes de la Secretaría de Seguridad del Palacio de Gobierno, los cuales indican que las excavaciones comprometerían el perímetro de protección de la sede presidencial, obstaculizarían las rutas de evacuación y limitarían las maniobras de la escolta y del helipuerto palaciego. Frente a esto, Prolima ha defendido que sus trabajos nunca han afectado el tránsito vehicular ni peatonal de la zona y que no existen pruebas concretas de que representen una amenaza para la seguridad presidencial.
Se ha fijado un plazo de quince días para que se detengan los trabajos y se cubran las excavaciones abiertas, medida que ha generado rechazo entre diversos sectores culturales que consideran que la preservación del patrimonio está siendo relegada ante decisiones de carácter político.
Esta decisión refleja una preocupante tensión entre la obligación de proteger a las autoridades y el deber de salvaguardar el patrimonio cultural del país. Que el Ejecutivo haya optado por suspender un proyecto de recuperación histórica sin demostrar de manera transparente que exista un riesgo real crea la percepción de una medida apresurada y motivada más por conveniencia política que por criterios técnicos.
Si el argumento de “seguridad presidencial” se convierte en un precedente para frenar intervenciones culturales, el país podría ver paralizados numerosos proyectos que buscan rescatar su memoria histórica. El Estado no puede permitir que la protección del patrimonio quede supeditada a decisiones circunstanciales: debe garantizar tanto la seguridad de sus gobernantes como la preservación de los bienes que conforman la identidad del Perú.