Una joven que repartía volantes para una inmobiliaria en vía pública fue víctima de un brutal ataque de un enjambre de abejas la tarde del domingo, generando pánico entre transeúntes y vecinos. La mujer terminó con el rostro inflamado y múltiples picaduras, por lo cual fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
Testigos relatan que la joven trabajaba sobre zancos cuando un panal de abejas fue alterado, probablemente por labores de limpieza en un criadero cercano. En ese momento, comenzó a gritar pidiendo auxilio mientras los insectos la rodeaban, incluso en su cabello.
Vecinos y personal de serenazgo acudieron al lugar para despejar a las abejas. Algunos transeúntes señalan que trabajadores de la inmobiliaria observaron la situación desde sus oficinas, pero inicialmente no intervinieron. La joven fue auxiliada por agentes municipales y vecinos, quienes utilizaron extintores para ahuyentar a los insectos, antes de llevarla al hospital Loayza. Otros trabajadores también resultaron con heridas leves.
Este incidente no solo revela los riesgos inmediatos que enfrentan quienes laboran en la vía pública sin protocolos de seguridad adecuados, sino que también pone en evidencia una responsabilidad institucional pendiente: la protección de los derechos laborales básicos. En este caso, la empresa contratante no solo debe garantizar condiciones seguras para sus trabajadores, sino también protocolos de emergencia y capacitación ante riesgos previsibles.
Exigir que las autoridades municipales supervisen criaderos cercanos y aseguren que su mantenimiento y limpieza no pongan en peligro a los vecinos es fundamental. Asimismo, se vuelve urgente que exista una reglamentación que obligue a empresas como la inmobiliaria involucrada a contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, lo cual podría marcar la diferencia entre un accidente grave y una tragedia.
Este tipo de sucesos también dispara interrogantes sobre la eficacia de los servicios de respuesta inmediata y su coordinación con instituciones que puedan prevenir riesgos en zonas urbanas densas. En definitiva, es una llamada para que la política pública deje de ser reactiva y asuma un papel proactivo en proteger la integridad física de quienes sostienen la economía informal.