La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura abrió una investigación preliminar contra cuatro funcionarios del Hospital de Chancay, tras denunciarse una compra sospechosa de pantalones y chaquetas para el personal asistencial por un valor de S/ 89 900.
Según documentos oficiales, la denuncia ciudadana fue presentada el 19 de agosto de 2025, señalando posibles sobreprecios en adquisiciones de insumos médicos, materiales de limpieza, uniformes y otros suministros.
En particular, uno de los contratos bajo escrutinio es el N.º 009-2025-GRL, suscrito el 17 de julio de 2025 con el consorcio Trading Prada, integrado por Trading & Integral Solutions S.A.C. y Negocios Corporativos Prada E.I.R.L. Dicho contrato contempla la entrega de 1 130 prendas —pantalones y chaquetas— con un precio unitario de S/ 79.50, lo que suma el monto total observado.
En la descripción del proyecto figura como “Adquisición de uniforme del personal asistencial del Hospital de Chancay y SBS – ‘Dr. Hidalgo Atoche López’”, detallando que las vestimentas serían para profesionales y personal de distintas áreas: psicología, nutrición, farmacia, enfermería, obstetricia, limpieza, lavandería y trabajadores sociales, entre otros.
La Fiscalía ha asignado el caso bajo la carpeta fiscal 170-2025. Los investigados son el director administrativo del hospital, el jefe de la Unidad de Logística, la abogada de la Dirección Administrativa y el responsable del Área de Bienestar del Personal.
La indagación tiene como objetivo determinar si hubo irregularidades o responsabilidades penales en la gestión de la contratación durante la administración del director Carlos Pau Dulanto.
Este caso se suma al creciente escrutinio que enfrentan entidades públicas y autoridades regionales respecto al uso de recursos del Estado en adquisiciones. En contextos electorales o de fuerte presión ciudadana, hechos como este alimentan la percepción de que los mecanismos de control estatal siguen siendo vulnerables frente al clientelismo o la sobrevaloración. Las autoridades involucradas deberán responder no solo ante la Fiscalía, sino también ante la opinión pública, exigida ahora a una mayor transparencia y rendición de cuentas.