La Fiscalía especializada en delitos de corrupción del Ministerio Público ha iniciado cuatro investigaciones preliminares contra la actual gestión del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, en un periodo inferior a un mes.
El 30 de julio se produjo el allanamiento de la sede del Gobierno Regional, donde se recogió documentación vinculada a la carretera Trujillo–Huanchaco, valorizada en S/ 121.5 millones, y la modernización del Hospital de Virú, con un presupuesto de S/ 194.1 millones.
El 11 de agosto la Fiscalía incautó 75 expedientes relacionados con la evaluación de planes de negocio del programa Procompite, a raíz de reportes que señalaban presuntos favoritismos y cobros indebidos. A dicho programa se destinaron S/ 25 millones en 2023 y S/ 33 millones en 2024.
Posteriormente, el 21 de agosto se decomisaron documentos vinculados al mejoramiento del Hospital Santa Isabel en El Porvenir, obra adjudicada por S/ 124 millones. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el proceso de selección de la empresa encargada.
Otro de los casos que levantó sospechas fue la compra de 100 patrulleros por S/ 17.88 millones. La adquisición generó controversia, ya que en Áncash se adquirió una flota similar por S/ 14.425 millones, pese a que la gestión de Acuña defendió que el mayor costo obedecía a servicios adicionales incluidos.
Las investigaciones también alcanzan a los concursos Procompite de 2023 y 2024, por un total de S/ 58 millones. Se detectaron fallas como la ausencia de expedientes técnicos y la falta de acreditación de terrenos, lo que motivó la anulación de los procesos y el retroceso de 142 planes de negocio a una etapa previa de evaluación.
Frente a estos cuestionamientos, el gobernador César Acuña negó tener responsabilidad directa en las irregularidades señaladas. “Nunca tuve una denuncia en el Poder Judicial”, declaró, asegurando que la Fiscalía debe cumplir su trabajo y que se trata de “mentiras” que buscan afectar su imagen y la de su partido. Asimismo, reiteró que el programa Procompite continuará y que los beneficiarios recibirán el apoyo prometido siempre que los procesos avancen conforme a ley.
La situación mantiene en el ojo público a la actual gestión regional, que en menos de un mes acumula cuatro investigaciones fiscales sobre proyectos y adquisiciones de gran envergadura.