En un acto que elevó la tensión entre transportistas y criminales dedicados al cobro de cupos, una unidad de la empresa 505 fue incendiada en el distrito de Santa Anita. Los autores del ataque grabaron el hecho y anunciaron que continuará la violencia si no se cumplen sus exigencias.
Según versiones preliminares, dos sujetos en una motocicleta se aproximaron a la combi estacionada en la cuadra 1 del jirón Tiahuanaco, vertieron líquido inflamable y prendieron fuego a la unidad antes de darse a la fuga. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del atentado. Testigos indicaron que las llamas alcanzaron también la fachada de una vivienda cercana, generando alarma entre los vecinos.
En una grabación difundida por los extorsionadores, que se autodenominan miembros del llamado “Clan del Norte”, se escucha una advertencia directa: si la empresa no cede al pago del cupo exigido, más unidades serán objeto de ataques violentos. Este tipo de intimidaciones busca imponer temor en los transportistas y ejercer control sobre las rutas de operación.
La acción criminal revive el panorama de inseguridad que afecta con especial severidad al transporte público en Lima. Hace pocas semanas se reportaron agresiones similares y hasta homicidios vinculados con la extorsión al gremio de transporte. El sector viene denunciando que se siente abandonado frente al incremento de ataques, muchos de los cuales quedan sin un claro avance investigativo.
Las autoridades policiales han iniciado las pesquisas para identificar a los responsables del incendio y las amenazas. Se espera que peritos revisen las cámaras del lugar, recojan restos del acelerante utilizado y rastreen las placas o características de la motocicleta empleada. Al mismo tiempo, gremios de transportistas evaluarán colectivamente acciones de protesta si no se presenta una respuesta efectiva del Estado.
Este nuevo atentado contra una unidad de transporte marca un anticipo dramático de lo que podría convertirse en una escalada generalizada de violencia si el poder político no actúa con decisión. Que los extorsionadores se sientan capaces de grabar amenazas y quemar combis sin temor a represalias refleja un vacío de autoridad preventiva. La respuesta del Ejecutivo, Policía Nacional, Ministerio Público y gobiernos locales no puede limitarse a discursos: se requiere una estrategia integral que combine inteligencia operativa, protección real al gremio y sanciones ejemplares. Si el Estado no recupera el control de las rutas vulnerables, el transporte público seguirá siendo campo abierto para mafias criminales.