Un violento atentado estremeció la madrugada del 19 de agosto en el distrito de San Pedro de Carabayllo cuando un poderoso artefacto explosivo fue detonado contra la vivienda consignada para el arresto domiciliario de Martina Esther Hernández de la Cruz, madre del líder criminal Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.
El estruendo causó daños significativos: ventanas destrozadas, una puerta metálica levantada y fragmentos de vidrio esparcidos por la vereda. La magnitud del ataque alarmó a los vecinos, quienes expresaron angustia. Una de ellas señaló: “Vivimos con miedo e impotencia porque las autoridades no nos protegen”.
El propietario del inmueble, que facilitó la vivienda para que Hernández cumpla la medida cautelar, denunció haber recibido mensajes intimidatorios. En dichos mensajes, se le exigía retirar a la mujer del lugar bajo amenaza de represalias, e incluso se mencionaba un posible plan de secuestro en su contra.
Ante esta situación, el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, informó que el Ministerio Público ha solicitado la variación de domicilio. Esta medida busca proteger tanto al propietario como a Martina Hernández, ante el riesgo inminente que enfrentan.
Por su parte, el general Marco Conde de la Policía Nacional indicó que se están realizando pericias para rastrear el origen del número telefónico desde el que se enviaron las amenazas. La PNP impulsa acciones para identificar a los responsables del ataque.
La defensa de Hernández también respaldó la solicitud de cambio de domicilio durante la audiencia, señalando que resultaba indispensable para evitar nuevos atentados en la zona.
Este episodio se suma a un contexto judicial complejo en torno al caso. El Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario para Martina Hernández, bajo vigilancia electrónica, luego de que la defensa presentara alegatos sobre su delicado estado de salud. Sin embargo, la Fiscalía ha apelado esta decisión, argumentando falta de sustento médico suficiente.
El atentado y las amenazas evidencian la peligrosidad del entorno en el que se maneja este caso, y ponen en evidencia la necesidad de reforzar la protección de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de entornos residenciales que deben funcionar como alternativas a la prisión.
