Con el respaldo unánime del Pleno, el Congreso de la República aprobó una reforma al Código Penal que establece una pena mínima de 30 años de prisión para quienes cometan sicariato, fortaleciendo así la lucha contra esta práctica criminal. La iniciativa modifica los artículos 108-C y 108-D, incorporando además agravantes especialmente graves.
Según el nuevo texto, quien mate a otra persona por encargo o acuerdo, con fines económicos o de cualquier otra índole, será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de treinta años, además de la inhabilitación correspondiente. Este mismo castigo se aplicará a quienes ordenen o actúen como intermediarios en el delito.
También se introducen circunstancias agravantes que implican cadena perpetua, como en los casos donde se utilice a menores de edad o a personas inimputables para perpetrar el crimen.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Solórzano, subrayó que “el sicariato es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país”, resaltando que en 2024 la Policía y el INEI registraron un promedio de tres asesinatos por encargo diarios. Añadió que esta reforma responde a la obligación constitucional del Estado de proteger la vida y la seguridad ciudadana, además de atender la crisis de inseguridad que afecta el normal desenvolvimiento social y económico.
El congresista Roberto Chiabra destacó que la modalidad del sicariato, actualmente en auge, “demanda sancionar con rigor a quienes recurren incluso a menores para ejecutar estos actos violentos”. Por su parte, la congresista María del Carmen Alva calificó el sicariato como un fenómeno que “convierte la vida humana en mercancía” y contribuye a sembrar el miedo en nuestra sociedad.
Más allá de lo jurídico, la decisión del Congreso revela un esfuerzo por proyectar firmeza frente a la inseguridad que azota al país. Sin embargo, también abre el debate político sobre si el endurecimiento de penas será suficiente sin un trabajo integral en prevención, justicia y reforma institucional. La aprobación por unanimidad muestra un raro consenso parlamentario, aunque el verdadero reto será que esta norma no quede solo como un gesto simbólico, sino que se traduzca en resultados concretos que devuelvan la confianza ciudadana en el Estado.