Un chofer de micro que cubría la ruta Callao – Santa Anita fue asesinado a balazos esta tarde en una zona límite entre Santa Anita y El Agustino, en lo que constituye un nuevo episodio de violencia contra transportistas en la capital.
Según testigos, el vehículo de placa F8X-924 fue interceptado por dos sujetos armados que dispararon directamente contra la cabina del conductor. “Los proyectiles impactaron el parabrisas y alcanzaron la zona del cuello”, comentó una vecina, mientras los pasajeros quedaron atónitos y aterrorizados.
El ataque ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por personas que se encontraban en el lugar. Inmediatamente después del homicidio, la Policía Nacional del Perú, con apoyo del serenazgo, activó el “Plan Cerco” para intentar interceptar a los agresores.
La persecución culminó en la Vía de Evitamiento, a la altura de la avenida El Derby, en Surco, donde los presuntos asesinos —identificados como ciudadanos de nacionalidad venezolana— intentaban escapar en motocicleta, incluso atravesando un peaje para burlar el control. Finalmente fueron capturados con armas de fuego en su poder.
Uno de los informes apunta a que el homicidio sería consecuencia de un ajuste de cuentas o una extorsión, dado que en la zona existen denuncias frecuentes de cobros ilegales a transportistas.
“Los proyectiles impactaron el parabrisas y alcanzaron la zona del cuello”, relató una vecina testigo del crimen. Por su parte, fuentes policiales indicaron: “Tras una persecución con detonaciones, dos sujetos fueron capturados con armas de fuego”.
Este nuevo atentado forma parte de una ola alarmante de violencia contra conductores de transporte público en Lima. En casos recientes, el móvil ha sido la negativa al pago de cupos por extorsión. El actual crimen, ocurrido en una intersección concurrida, aumenta la preocupación de los ciudadanos y evidencia la urgencia de medidas de seguridad más efectivas.
La Policía Nacional ha puesto a los detenidos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes. La comunidad exige mayor protección y acciones contundentes contra este tipo de crímenes, que afectan tanto a conductores como a usuarios del transporte público.
