Beijing, julio de 2025. El ex vicepresidente del gobierno de la Región Autónoma del Tíbet, Wang Yong, fue condenado a muerte con una suspensión de dos años por el delito de aceptar sobornos por un total de 271 millones de yuanes (aproximadamente 37.9 millones de dólares). La sentencia fue dictada por un tribunal en la provincia de Hunan, que además ordenó la confiscación de todos sus bienes personales.
De acuerdo con la investigación fiscal, Wang Yong habría utilizado su cargo para otorgar contratos públicos, facilitar aprobaciones administrativas y promover a funcionarios a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El tribunal calificó sus actos como “extremadamente graves” y señaló que causaron “daños significativos a los activos públicos y a los intereses del Estado”.
La sentencia de muerte suspendida implica que, si Wang no incurre en nuevos delitos durante los próximos dos años, la pena podrá ser conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acusado se declaró culpable, cooperó con las autoridades y devolvió la totalidad de los fondos ilícitos, factores que fueron considerados atenuantes por la corte.
El juicio fue público y asistieron cerca de 40 personas, incluidos legisladores, periodistas y representantes sociales, como parte del esfuerzo del régimen por mostrar transparencia y su supuesta política de “tolerancia cero” frente a la corrupción.
Sin embargo, el caso de Wang no es aislado. En los últimos años, la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping ha derivado en la caída de múltiples altos funcionarios tibetanos. Entre ellos, destaca Wu Yingjie, ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet, acusado de recibir sobornos por más de 47 millones de dólares, y Jiang Jie, exvicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) en la región, con presuntos sobornos por 31.8 millones de dólares.
Analistas internacionales advierten que, además de combatir la corrupción, estas purgas también podrían estar siendo utilizadas por el Partido Comunista para afianzar su control sobre regiones políticamente sensibles como el Tíbet y para eliminar potenciales rivales dentro del aparato estatal.
