La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el inicio de un plan que busca retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH). La mandataria sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a lo que calificó como intromisiones indebidas.
Durante un mensaje público, Boluarte afirmó con firmeza: “La Corte IDH actúa como si el Perú fuera un virreinato, una colonia, y no lo vamos a permitir. Defenderemos nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como Estado”.
Según informó el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con la Cancillería, viene preparando la creación de una comisión multisectorial que evaluará la permanencia del país en el Pacto de San José, tratado que sustenta la pertenencia al sistema interamericano. El primer ministro Eduardo Arana explicó que se está trabajando en un proyecto de ley que formalice la salida.
Sin embargo, no todos los ministros están de acuerdo con esta medida. El titular de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, declaró a la prensa que “no hay nada definido, algunos ministros están a favor, otros en contra; se requiere mayor análisis antes de una decisión final”.
Las reacciones no se hicieron esperar. La expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, calificó la iniciativa como populista y sin base legal ni ética. En declaraciones recientes, sostuvo que:
“Dina Boluarte pasará a la historia por haber llevado al Perú a una carencia ética y de principios”.
Además, recordó que una eventual salida requiere denunciar formalmente la Convención Americana ante la OEA, proceso que podría tomar al menos un año y que no eliminaría de inmediato la competencia de la CIDH sobre el país.
El anuncio de Boluarte ha generado un intenso debate político y jurídico. El Perú fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Americana en 1978 y aceptar la competencia de la Corte IDH en 1981. En la región, solo Trinidad y Tobago y Venezuela han concretado su salida del sistema interamericano, mientras que el gobierno de Alberto Fujimori ya intentó sin éxito un proceso similar en los años noventa.
La decisión del actual gobierno vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, abriendo un escenario de controversia tanto a nivel interno como externo.