La presidenta Dina Boluarte visitó este domingo la isla El Frontón, en el Callao, para supervisar el terreno donde se proyecta levantar un moderno penal destinado a alojar a 2,000 internos considerados de alta peligrosidad, bajo regímenes Especial y Cerrado Especial.
Acompañada por los ministros de Justicia, Interior, Defensa y Vivienda, la jefa del Estado subrayó que esta iniciativa es una respuesta urgente al grave hacinamiento penitenciario, una situación que describió como «terrible» tras décadas de deterioro.
“En el menor tiempo posible construiremos un centro penitenciario que albergará a unos 2,000 reos de alta peligrosidad. Con ello atendemos una tarea pendiente del país y damos una respuesta concreta a la ciudadanía en materia de seguridad”, afirmó Boluarte.
Según los primeros detalles difundidos, el penal ocuparía un área de más de 57,000 m², diseñado para garantizar aislamiento efectivo, vigilancia estricta, restricciones de comunicación, control de visitas y acceso totalmente restringido. Asimismo, se proyecta la construcción de un muelle logístico para facilitar el transporte de personal, suministros y equipos.
Durante el recorrido, especialistas del Ministerio de Justicia expusieron que las labores de demolición comenzarán en enero de 2026, con vista a iniciar la fase de construcción tras el levantamiento del terreno. Se contempla que la “primera piedra” se coloque en mayo, y para julio se puedan visualizar avances significativos en el sitio.
Para acelerar el proceso, se anunció la firma de un convenio interministerial entre los Ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda, programado para esta semana.
Esta no es la primera vez que se propone reactivar el penal en El Frontón. Diversos congresistas presentaron iniciativas similares entre 2023 y 2025, destacando la urgencia por incrementar la capacidad carcelaria ante el hacinamiento que supera el 130 %. La isla El Frontón, cerrada definitivamente en 1986 tras una feroz represión durante un motín de Sendero Luminoso, sigue siendo un símbolo de uno de los capítulos más oscuros del sistema penitenciario peruano. La idea de reactivar el penal ha generado inquietud entre defensores de derechos humanos, quienes cuestionan la normalización de un espacio marcado por violencia estatal y violaciones a los derechos fundamentales.
La inspección presidencial representa un paso firme hacia la concreción de un ambicioso proyecto que busca reforzar la seguridad del sistema penitenciario y reducir el hacinamiento. La medida responde a una demanda ciudadana urgente, aunque su viabilidad y memoria histórica generan un debate importante.
