La presidenta Dina Boluarte ha conformado un grupo de trabajo integrado en su mayoría por militares con el objetivo de elaborar un proyecto de ley que abra la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
De acuerdo con lo dispuesto, este equipo tendrá un plazo de sesenta días hábiles para presentar una propuesta orientada a fortalecer la soberanía nacional frente a organismos internacionales. La mandataria afirmó que “no vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas”, subrayando que esta medida busca reafirmar la autonomía del país.
Aunque la resolución oficial no menciona directamente la salida de la Corte IDH, especialistas interpretan esta decisión como una respuesta a los recientes fallos del tribunal internacional que cuestionaron la promulgación de la polémica ley de amnistía en favor de militares y policías.
La aprobación de dicha norma, pese a las advertencias de la Corte IDH, ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que consideran que el gobierno busca blindar a las Fuerzas Armadas y la Policía frente a eventuales sanciones internacionales.
Este anuncio refleja un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y el sistema interamericano, en el que el Perú podría dar un paso inédito hacia su desvinculación de uno de los principales organismos de protección de los derechos fundamentales en la región.