Hoy más que nunca se confirma lo que muchos ya advertían: presuntamente el actual Ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estaría detrás de esta embestida contra la prensa libre, usando el aparato del Estado para silenciar voces críticas.
La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina ha decidido abrir investigación preliminar contra la periodista Mónica Delta y parte del equipo de Punto Final, acusándolos de un supuesto “marcaje o reglaje” en agravio del Estado.
Todo esto nace tras la denuncia presentada en julio por el propio Santiváñez, luego de que un reportaje revelara visitas a su oficina en Palacio de Gobierno y el uso de un vehículo oficial.
Este hecho, que muchos ya califican como un acto de persecución política, representa un claro intento de intimidar y amedrentar al periodismo.
El “Caudillo del Perú”, como se le proclama a Santiváñez, parece querer instaurar el miedo en lugar del respeto a la libertad de prensa que consagra la Constitución.
La pregunta es clara: ¿Permitiremos que el poder se utilice para callar al periodismo y manipular la verdad?
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