La reciente viralización de videos en los que la influencer Alejandra Argumedo profiere insultos de carácter étnico-racial contra pasajeros en una unidad del Metropolitano ha motivado que la Fiscalía inicie una investigación preliminar por el presunto delito de discriminación. El fiscal a cargo considera que Argumedo no sólo formuló expresiones discriminatorias, sino que además habría recurrido a insultos y posibles agresiones físicas durante el altercado. Como parte de las diligencias, se ha solicitado un informe a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se revisarán los registros de videovigilancia del bus y se tomarán declaraciones tanto a la imputada como a los presuntos agraviados.
El artículo 323 del Código Penal peruano tipifica los actos de discriminación o incitación a la discriminación. Este señala que quien realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que menoscaben el ejercicio de derechos reconocidos por la ley o la Constitución, basados en motivos raciales, identidad étnica o cultural, puede ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios. Si la acción se comete con violencia física o psicológica, mediante medios de comunicación o si el autor es funcionario público, la sanción puede elevarse hasta los cuatro años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente.
Expertos en derecho penal han precisado que, dependiendo de la valoración de los hechos, la sanción para Argumedo podría fluctuar entre trabajos comunitarios y hasta tres años de prisión. Sin embargo, si se comprueba la existencia de agravantes como la violencia o la difusión por medios, la pena podría alcanzar los cuatro años.
Aunque algunos reportes mencionan que las condenas podrían ser entre uno y cuatro años, lo cierto es que la norma vigente fija con claridad el rango de sanción. Será el proceso judicial el que determine si las expresiones de la influencer constituyeron un acto discriminatorio pleno, si hubo agravantes y si se afectó el derecho fundamental a la igualdad de las personas agredidas.
De esta manera, el caso de Alejandra Argumedo se convierte en un ejemplo de cómo la legislación peruana busca sancionar las conductas discriminatorias, en un contexto donde la sociedad exige cada vez con más fuerza respeto e igualdad de derechos.