Una investigación del medio digital La Encerrona reveló que el alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, habría favorecido a tres integrantes de una misma familia mediante 184 órdenes de servicio y compras directas sin concurso público, por un total que supera los S/ 2,2 millones.
Entre los beneficiados figura Miguel Ángel Ruelas, productor de eventos que comenzó en mayo de 2024 con un contrato inicial de S/ 3 000 para alquiler de baños portátiles y que luego recibió más de 50 órdenes de servicio por alquiler de sonido, toldos y estrados, acumulando más de S/ 786 000, de los cuales se le habría pagado el 90 %. Su pareja, Yajaira Luchi, obtuvo más de 100 órdenes de servicio entre 2023 y 2024 para coffee breaks, venta de bebidas y alquiler de baños, sumando más de S/ 1,3 millones pagados al 96 %. El tercer implicado, Víctor Tandy Pan Ruelas, sobrino de Miguel Ángel, recibió 12 órdenes de servicio por un total de S/ 180 000, más de la mitad ya abonados.
En conjunto, estos tres proveedores fueron beneficiados con 184 órdenes de compra y servicio adjudicadas directamente, evitando el proceso de licitación al fraccionar los montos. Especialistas en prevención de la corrupción han señalado que la recurrencia de contratos a las mismas personas podría ser considerada un patrón irregular que amerita una investigación más profunda.
De los implicados, solo Yajaira Luchi respondió a los cuestionamientos. Negó tener relación con el alcalde, afirmó que se enteró de las convocatorias acercándose a la municipalidad y aseguró que en algunos casos los bienes alquilados no eran de su propiedad, sino que los obtenía de terceros tras recibir la orden de servicio.
Franco Vidal, conocido por sus transmisiones en la plataforma Kick, rechazó las acusaciones durante una emisión en vivo, señalando: “Este señor dice que una familia se ha llevado más de S/ 2 millones. Lo reto a que pruebe esto. Yo tengo toda la información. Primera afirmación falsa”. Aseguró no conocer a los proveedores y sostuvo que el área de logística es la única responsable de estas adjudicaciones.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión municipal y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar posibles favoritismos en la contratación pública.
Este caso refleja la necesidad de reforzar los mecanismos de control en los municipios. La popularidad de un alcalde no puede ser excusa para eludir la transparencia y la rendición de cuentas.