La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra inmersa en una seria crisis luego de que se revelara la desaparición de más de 1,200 expedientes digitales de alto impacto. Entre los casos afectados figuran investigaciones contra Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides, magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos del Puerto, así como procesos contra figuras como Carmen Velarde (jefa del RENIEC), Delia Espinoza (fiscal de la Nación) y José Domingo Pérez (fiscal del Equipo Especial Lava Jato).
El hallazgo fue inicialmente reportado el 2 de agosto por un colaborador de la Dirección de Procesos Disciplinarios, quien advirtió la ausencia de documentación en el Sistema de Gestión Documental (SGD). Se creyó que se trataba de una falla técnica, pero pronto la hipótesis fue descartada. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional concluyó que los archivos fueron eliminados de forma premeditada, utilizando credenciales internas.
La carpeta afectada funcionaba como espacio temporal para almacenar documentos escaneados antes de su incorporación definitiva al sistema, lo que impidió rastrear modificaciones hechas por los usuarios con acceso. Ante esta situación, la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro ha iniciado una investigación preliminar para identificar a los responsables.
Paradójicamente, este escándalo estalla en un contexto de creciente deslegitimación de la JNJ, cuya presidencia recae en Gino Ríos Patio, condenado por violencia familiar. La institución ya enfrenta cuestionamientos por decisiones como la reincorporación de Benavides a la Fiscalía de la Nación pese a las acusaciones que enfrenta; esta acción ha sido interpretada como favorecimiento hacia figuras jurídicas con vínculos polémicos. El clima se agrava con la reciente aprobación de una ley de amnistía que ha sido percibida como un paso hacia la impunidad.
“Se descubrió que la carpeta temporal fue manipulada con acceso total desde dentro, lo cual sugiere una eliminación dirigida, y no una falla técnica accidental.”
— Informe de la Divindat sobre los expedientes desaparecidos.
