La reconocida viñeta política Carlincatura ha puesto en el centro del debate la polémica Ley de Amnistía, señalando cómo su promulgación ha ignorado el dolor de las víctimas del conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000.
El pasado 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que otorga amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante esos años. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con el respaldo de congresistas afines, entre ellos Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Jorge Montoya, José Cueto, José Williams, Víctor Flores y el exintegrante del Grupo Colina, Juan Rivera Lazo.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas expresaron su indignación, alertando que la norma pone en riesgo más de 600 juicios en curso y 156 sentencias firmes. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, calificó la medida como “una traición a las víctimas”, advirtiendo que debilita la rendición de cuentas y socava el Estado de derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido suspender el trámite legislativo, pero el Gobierno lo desestimó argumentando que se trataba de un asunto de soberanía nacional. Desde instancias internacionales se ha recordado que las amnistías por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles bajo el derecho internacional.
En su defensa, la presidenta Boluarte afirmó que la ley busca “restaurar la dignidad” de quienes “arriesgaron su vida combatiendo el terrorismo”, asegurando además que “no somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”.
La promulgación de esta ley revive viejos cuestionamientos, ya que en el pasado el Perú fue sancionado por la Corte IDH en casos como Barrios Altos, donde se declaró que las leyes de amnistía eran incompatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Además, el propio gobierno había impulsado previamente una norma que prescribía crímenes cometidos antes de 2002, evitando su calificación como delitos de lesa humanidad.
La crítica de Carlincatura resuena en medio de este escenario, señalando cómo la nueva ley refuerza la impunidad y deja en la sombra a miles de víctimas que aún esperan justicia y reparación.
