En un hecho que ha generado preocupación en el ámbito político y diplomático, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos ciudadanos colombianos en la Isla Chinería, en la región Loreto, quienes realizaban mediciones topográficas con tecnología GPS sin contar con autorización del Estado peruano.
Los intervenidos, que afirmaron ser topógrafos al servicio de una empresa constructora, fueron sorprendidos en pleno levantamiento de información territorial, una actividad sumamente sensible en una zona fronteriza históricamente disputada. Según fuentes policiales, los individuos no contaban con permisos oficiales ni coordinación con entidades peruanas, lo que constituye una violación a la soberanía nacional.
Este incidente ocurre en un contexto político complejo. La Isla Chinería —territorio peruano ubicado en la triple frontera con Colombia y Brasil— ha sido objeto de declaraciones polémicas por parte de autoridades del país vecino. Desde 2024, el gobierno colombiano, incluso en voz del presidente Gustavo Petro, ha cuestionado la soberanía peruana sobre esta isla amazónica. A ello se suma el reciente acto de provocación de un precandidato presidencial colombiano, quien izó una bandera de su país en territorio que legal y geográficamente pertenece al Perú.
La presencia no autorizada de técnicos colombianos en una zona estratégicamente delicada podría interpretarse como una acción de reconocimiento con fines geopolíticos. En círculos políticos peruanos, algunos ya califican el hecho como una “intromisión silenciosa”, que exige una respuesta firme por parte del Ejecutivo y de la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reafirmado en varias ocasiones que la soberanía del Perú sobre la Isla Chinería no está en discusión y que existen acuerdos internacionales que respaldan la delimitación vigente. Sin embargo, lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la vigilancia y la presencia del Estado en las regiones de frontera, muchas veces olvidadas y vulnerables a acciones extranjeras.
Desde el Congreso, algunas bancadas han solicitado al Ejecutivo explicaciones claras y, eventualmente, la convocatoria del embajador de Colombia en Lima, con el fin de esclarecer los hechos y exigir respeto al territorio nacional. También se ha planteado la necesidad de revisar los protocolos de tránsito en la zona fronteriza, especialmente para ciudadanos de países limítrofes que realizan actividades técnicas o económicas en suelo peruano.
La Isla Chinería no es solo una porción de territorio amazónico; representa un símbolo de soberanía y control geopolítico en una región donde convergen intereses diplomáticos, comerciales y estratégicos. Este nuevo episodio evidencia la urgencia de una política de Estado coherente y sostenida en defensa de las fronteras peruanas, así como una diplomacia firme pero prudente ante eventuales actos de provocación o desconocimiento del orden internacional vigente.
La intervención de topógrafos colombianos en la Isla Chinería no es un hecho menor. En una zona fronteriza históricamente sensible, realizar mediciones sin autorización del Estado peruano es una falta grave que toca directamente la soberanía nacional. Más allá del incidente, esto revela la urgente necesidad de fortalecer la presencia del Estado en nuestras fronteras y adoptar una política exterior firme, sin dejar lugar a ambigüedades frente a provocaciones o descuidos diplomáticos.
