La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará este martes 12 de agosto, a partir de las 9:00 a.m., si ordena el cierre de la investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por su presunta vinculación con el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La investigación de la Fiscalía de la Nación se inició tras la difusión de reportajes que revelaron una conversación telefónica, ocurrida el 9 de abril de 2018, entre Arana —en ese momento funcionario judicial— y el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien actualmente cumple condena por corrupción.
En la audiencia virtual, presidida por el juez supremo César San Martín, se analizará el recurso de apelación presentado por la defensa de Arana contra la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el pasado 12 de julio declaró infundada la solicitud de control de plazo presentada para cerrar el caso.
Defensa cuestiona ampliación por crimen organizado
El abogado de Arana ha señalado que la Fiscalía, el 7 de mayo de 2024, decidió incluir el proceso bajo la Ley 30077 —Ley contra el Crimen Organizado— y extendió el plazo de investigación por ocho meses adicionales. Según la defensa, “no existen elementos fácticos que justifiquen esta tipificación” y “dentro de un proceso penal común, el plazo solo puede ampliarse una vez antes de que se emita pronunciamiento final”.
Asimismo, cuestionó que “el cambio de un proceso complejo a uno por crimen organizado carece de sustento jurídico” y calificó la ampliación como “irracional”, recordando que el caso se inició con datos que, a su criterio, encajan en un proceso penal ordinario.
Antecedentes y contexto
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” destapó una amplia red de presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y favores judiciales en la Corte Superior de Justicia del Callao, revelados a partir de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente en 2018.
La decisión que tome la Corte Suprema este martes podría determinar si la investigación contra el actual jefe del Gabinete Ministerial se archiva definitivamente o si continúa bajo el marco de crimen organizado, con plazos y alcances más amplios para la Fiscalía.