Una nueva tensión diplomática ha encendido las alertas en América del Sur. Perú y Colombia atraviesan un cruce de declaraciones por la soberanía de la isla Chinería (también conocida como Santa Rosa), ubicada en la triple frontera amazónica entre ambos países y Brasil. Lo que para muchos era un punto geográfico aislado, hoy se convierte en el centro de una controversia de alcance internacional.
Todo comenzó cuando el presidente colombiano Gustavo Petro acusó al Estado peruano de una supuesta “apropiación territorial”, tras oficializarse la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto a través de la Ley N.º 32403, promulgada por el Congreso peruano en julio de este año. Según Petro, este acto vulnera acuerdos históricos como el Tratado de Río de Janeiro de 1934, que regula las fronteras entre ambas naciones.
La respuesta del gobierno peruano no tardó en llegar. Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte fue enfática: “Nuestra soberanía no está en discusión ni es un tema pendiente”. Aseguró que la isla Chinería ha estado históricamente bajo jurisdicción peruana, amparada en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y respaldada por presencia estatal desde hace décadas.
A través de una declaración oficial leída por el primer ministro Eduardo Arana desde la misma isla, Perú reafirmó su posición señalando que “no existe ninguna discusión limítrofe con Colombia”. Además, funcionarios peruanos y analistas aseguran que la isla emergió por causas naturales en el cauce del río Amazonas durante los años 70, y que la administración peruana ha ejercido control efectivo en la zona desde entonces.
Aunque se trata de una pequeña isla fluvial, las implicancias geopolíticas son significativas. Santa Rosa es un punto estratégico para el comercio, la seguridad y la soberanía fluvial. Su cercanía a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) la convierte en un área clave para el control fronterizo y el tránsito por el río Amazonas.
La creación del distrito ha sido vista por Colombia como un paso unilateral, mientras que Perú lo justifica como parte de una estrategia para fortalecer el Estado en zonas vulnerables.
El conflicto ha escalado en lo mediático y diplomático. Petro incluso ha sugerido llevar el caso a instancias internacionales y reactivar una comisión binacional para tratar el tema. Por su parte, el Ejecutivo peruano ha insistido en que no existe disputa alguna.