Vecinos del sector Nuevo Amanecer, en el distrito de Chancay, han encendido las alarmas luego de que se difundiera un audio por redes sociales y grupos vecinales, en el que se solicita dinero a través de la aplicación Yape, presuntamente para iniciar trámites de “titulación de terrenos”. De acuerdo a los testimonios recopilados, estos cobros se estarían realizando sin respaldo legal, aprovechando la falta de información en la comunidad. La preocupación aumentó luego de que se confirmara la presencia en dichas reuniones de personas con antecedentes judiciales y políticos cuestionados, lo que hace aún más urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Entre los asistentes identificados por los propios vecinos, aparece Haydée Azaña, exdirigente del mismo asentamiento humano, quien fue sentenciada en 2019 por el Segundo Juzgado Penal de Huaral a cinco años de prisión efectiva por falsificación de documentos públicos. Según consta en el expediente judicial, Azaña manipuló planos y certificados para apropiarse ilegalmente de terrenos del fundo “Los Laureles”, en perjuicio de varias familias. A pesar de esta condena, Azaña ha reaparecido en escena liderando reuniones y promoviendo supuestos procesos de formalización, lo que genera una legítima preocupación sobre si la condena fue efectivamente cumplida o si habría burlado el sistema de justicia. Además, es conocida por sus intentos de postulación tanto a la alcaldía de Chancay como al Congreso de la República, sin éxito.
Junto a ella, también participó el congresista Segundo Quiroz, actual parlamentario por Cajamarca, quien no es ajeno a la controversia. A lo largo de su gestión ha sido involucrado en diversos cuestionamientos, entre ellos el uso presuntamente irregular de pasajes aéreos financiados por el Estado, su cercanía con casos de favorecimiento político en el Congreso y su aparente rol pasivo frente a denuncias de corrupción en su bancada. Incluso fue mencionado en investigaciones relacionadas al caso “Los Niños” y ha sido criticado por promover leyes que buscan limitar la libertad de prensa. Su presencia en una reunión donde se cobran montos de dinero sin sustento técnico ni institucional, agrava el nivel de sospecha sobre los fines de dicha actividad.
El punto más preocupante de esta situación es el argumento legal que los organizadores han usado para justificar los cobros: la Ley N.° 32267. Esta norma tiene como propósito facilitar la formalización de predios urbanos en posesión de familias vulnerables, pero únicamente SE APLICA en terrenos que son propiedad del Estado. En el caso de Nuevo Amanecer, según registros oficiales, se trataría de terrenos de propiedad privada, lo que haría completamente inaplicable esta ley. Usar este marco legal para sustentar un proceso de cobro económico y prometer títulos de propiedad en un terreno privado, no solo constituye un engaño, sino que puede configurarse como delito penal, en la modalidad de estafa o inducción al error.
Es inadmisible que personajes con antecedentes judiciales y figuras políticas bajo escrutinio público pretendan ganar protagonismo en comunidades que solo buscan soluciones reales a sus problemas de vivienda y seguridad legal. La ciudadanía no puede seguir siendo objeto de manipulación política ni económica, menos aún bajo el disfraz de ayuda social o formalización legal. Es necesario que las autoridades pertinentes como la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción y COFOPRI actúen de inmediato para esclarecer estos hechos, frenar cualquier intento de estafa y sancionar a quienes estén detrás de estas acciones.
Finalmente, desde este medio hacemos un llamado firme y claro a la comunidad de Nuevo Amanecer: no entreguen dinero a personas o grupos sin respaldo oficial. Exijan siempre documentos certificados, verifiquen la propiedad legal del terreno y no se dejen influenciar por figuras que, históricamente, han lucrado con la necesidad del pueblo. No permitamos que los mismos de siempre, disfrazados de dirigentes o representantes, sigan engañando con promesas vacías a cambio de favores políticos. Chancay merece una gestión limpia, técnica y honesta. La legalidad y la verdad deben estar siempre por encima del oportunismo.