El partido Voces del Pueblo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte y los 18 miembros de su gabinete, acusándolos de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por la aprobación del Decreto Supremo 136‑2025‑EF, que alzó la remuneración presidencial a S/ 35 568 mensuales, superando en más de S/9 560 el tope legal permitido por la Ley 28212 (S/ 26 000).
Los dirigentes Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, firmantes de la acusación, sostienen que el alza salarial contraviene la jerarquía normativa, al pretender modificar una ley mediante un decreto supremo, y que representa un claro perjuicio económico al Erario. También advierten que, al contar con el respaldo del Consejo de Ministros y del presidente del MEF, quedó demostrado el conocimiento pleno de la ilegalidad por parte del Ejecutivo.
La denuncia enfatiza que esta medida socava los principios de equidad, austeridad y legalidad en la función pública, además de configurar un posible conflicto de intereses, al beneficiar directamente a la mandataria. Adicionalmente, se invocan delitos tipificados en los artículos 399 (negociación incompatible) y 400 (aprovechamiento indebido del cargo) del Código Penal.
A raíz de esta controversia, el Congreso ha impulsado al menos ocho propuestas legislativas orientadas a anular el aumento salarial y fortalecer los mecanismos de control sobre las remuneraciones del Ejecutivo. Además, la Comisión de Fiscalización ha aprobado medidas como citar a varios ministros para que expliquen lo ocurrido y discutir una posible revocación del decreto.
Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha salido en defensa del incremento, afirmando que se trata de un acto legal y acorde a los estándares internacionales, sin que ello signifique un conflicto de intereses.
Este caso se enmarca en un contexto de baja popularidad presidencial —con una aprobación estimada entre 2 % y 4 % según varias encuestadoras— y una profunda recesión social marcada por elevados niveles de pobreza, que ronda el 30 %
La denuncia penal contra Dina Boluarte y su gabinete agudiza el conflicto entre legalidad y normatividad en Perú. El uso de un decreto supremo para establecer un aumento salarial presenta un escenario jurídico delicado y abre interrogantes sobre la transparencia y la austeridad en la gestión pública, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta presión legislativa y social.
