Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, emitido recientemente, expuso el historial judicial y político del congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, quien acumula ocho denuncias fiscales por presuntos delitos como peculado, fraude, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad ideológica.
De acuerdo con la investigación, ninguno de estos procesos figura en la hoja de vida que el también exministro del gobierno de Pedro Castillo presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las elecciones generales de 2026.
Presuntas irregularidades durante su gestión ministerial
Las denuncias más relevantes se remontan a su gestión de 17 meses como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El reportaje evidenció, mediante facturación, el uso de fondos de caja chica para cubrir consumos en establecimientos como pollerías y cevicherías, con montos que en algunos casos superaron los 400 soles, cargados al presupuesto estatal.
Asimismo, la Fiscalía abrió investigaciones contra dos trabajadores de su gestión por presuntos recortes de sueldos a colaboradores del ministerio. Según las denuncias, se habría exigido un descuento de al menos el 10% de sus remuneraciones a cambio de mantener sus contratos laborales.
También se cuestiona la contratación de militantes de Juntos por el Perú mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), mecanismo que no exige concurso público. Los ingresos de estos trabajadores habrían alcanzado hasta los 15,000 soles mensuales.
Cuestionamientos al manejo de fondos partidarios
Otra línea de investigación fiscal apunta al presunto manejo irregular de fondos del partido durante las elecciones regionales y municipales de 2018. Según testimonios recogidos, postulantes debían realizar aportes económicos que, en lugar de ingresar a cuentas oficiales del partido, habrían sido depositados en una cuenta personal vinculada al entorno familiar del candidato.
El exmilitante Leandro Serna indicó que estos fondos nunca fueron transparentados, estimándose que el monto recaudado a nivel nacional superaría el millón de soles.
En esa misma línea, el fundador del partido, Yehude Simon, acusó públicamente a Sánchez de haberse apropiado del control de la organización y cuestionó la falta de rendición de cuentas. La denuncia por presunta administración fraudulenta fue posteriormente archivada sin una pericia contable.
Proyectos legislativos bajo cuestionamiento
En el ámbito parlamentario, diversas iniciativas impulsadas por Sánchez han sido criticadas por presuntamente favorecer actividades vinculadas a la minería ilegal. Entre ellas, propuestas para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y permitir el reingreso de miles de mineros informales.
Otra iniciativa plantea beneficios para los denominados “microproductores mineros ancestrales”, eximiéndolos de presentar permisos para el uso de explosivos y de cumplir con instrumentos de gestión ambiental.
La congresista Diana Gonzáles señaló que el candidato ejercería influencia en la Comisión de Energía y Minas, pese a no presidirla formalmente, calificándolo como un “presidente en la sombra” dentro de dicho grupo de trabajo.
Contexto electoral
Este escenario se presenta en medio de un crecimiento en la intención de voto del candidato. Según encuestas de Ipsos Perú, Sánchez alcanza un 5% a nivel nacional, con mayor respaldo en zonas rurales, donde supera el 11%.
No obstante, el peso de las denuncias fiscales, los cuestionamientos a su gestión pública y sus propuestas legislativas generan controversia a pocas semanas de los comicios generales del 12 de abril.