Treinta organizaciones políticas suscribieron de manera voluntaria el denominado Pacto Ético Electoral, un documento que, según sus promotores, busca garantizar una campaña basada en el respeto mutuo, el debate programático y el rechazo a prácticas que deterioran la convivencia democrática, como la desinformación, los agravios personales y la violencia política.
El anuncio, sin duda, transmite un mensaje positivo en un escenario electoral históricamente marcado por la confrontación, el descrédito y el uso sistemático de ataques personales como estrategia de campaña. Que una mayoría de organizaciones políticas asuma públicamente este compromiso es, al menos en el papel, una señal alentadora.
Sin embargo, el contexto obliga a mirar este pacto con cautela. No es la primera vez que se firman acuerdos éticos en procesos electorales, ni tampoco es la primera vez que dichos compromisos quedan rápidamente relegados frente a la presión de la competencia política. La experiencia demuestra que el problema no suele estar en la ausencia de pactos, sino en su cumplimiento efectivo.
Un primer elemento que merece atención es el carácter voluntario del documento. Al no existir mecanismos claros de supervisión ni sanciones concretas frente a su incumplimiento, el pacto corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más que en una herramienta real de autorregulación política. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando una organización suscriptora incurre en desinformación o violencia verbal?, ¿quién evalúa y con qué consecuencias?
También resulta llamativo que, de un total de organizaciones en carrera, solo 30 hayan suscrito el pacto. La ausencia del resto no es un detalle menor y abre interrogantes sobre el real compromiso del sistema político con una campaña limpia. En un escenario altamente fragmentado, la ética electoral parece seguir siendo una decisión opcional y no una regla compartida.
Asimismo, el pacto pone el énfasis en las formas del debate, pero deja en segundo plano el fondo. Promover el respeto es necesario, pero insuficiente si no va acompañado de propuestas claras, viables y contrastables. Una campaña sin agravios, pero también sin contenido, difícilmente fortalecerá la democracia.
El Pacto Ético Electoral puede ser un paso en la dirección correcta, siempre que no se quede en una fotografía protocolar. La ciudadanía no necesita más declaraciones de buena voluntad, sino señales concretas de cambio en la forma de hacer política. El verdadero reto no es firmar el pacto, sino honrarlo cuando la campaña entre en su etapa más dura.