El reciente pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sobre las supuestas acciones para garantizar la “seguridad hídrica” del Hub Portuario de Chancay confirma una preocupante tendencia en la gestión pública: abundancia de discursos optimistas y escasez de información concreta frente a proyectos de enorme impacto territorial.
Nadie discute la importancia estratégica del puerto de Chancay ni su potencial para dinamizar la economía y posicionar al país en los circuitos logísticos globales. Lo que sí está en debate y con razón es la manera en que el Estado está abordando uno de los factores más críticos del desarrollo: el agua. Hablar de seguridad hídrica no es un acto retórico, es una responsabilidad técnica, social y ambiental.
El comunicado de la ANA se apoya en conceptos amplios como “acciones estratégicas”, “estudios” y “coordinaciones interinstitucionales”, pero evita responder las preguntas esenciales: ¿cuánta agua hay realmente disponible en la cuenca Chancay-Huaral?, ¿en qué condiciones se encuentra el acuífero?, ¿cuál será la demanda hídrica real del puerto y su zona de influencia?, ¿qué riesgos se están asumiendo y quién los asumirá?
La ausencia de datos públicos, balances hídricos actualizados y escenarios de estrés convierte la promesa de seguridad hídrica en una afirmación difícil de sostener. Más preocupante aún es la referencia superficial a la intrusión marina, un fenómeno ampliamente documentado en zonas costeras, que aquí se menciona sin precisar si ya existen señales de salinización ni qué medidas concretas se están adoptando para evitar un daño irreversible.
Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es el uso de cifras millonarias sin contexto ni trazabilidad. Anunciar proyectos por más de S/ 270 millones sin detallar su estado, financiamiento ni cronograma contribuye más a la confusión que a la confianza. La ciudadanía necesita saber si se trata de obras en ejecución real o de intenciones aún atrapadas en el papel.
El editorial considera especialmente grave la invisibilización del territorio y de sus actores. Agricultores, juntas de usuarios, comunidades altoandinas y población urbana no aparecen en el relato institucional, pese a ser los primeros afectados por cualquier alteración en la disponibilidad del recurso. Una gestión del agua que no incorpora a quienes viven del agua está condenada al conflicto y al fracaso.
Finalmente, queda una pregunta que el pronunciamiento evita: ¿quién pagará el costo hídrico del desarrollo portuario? Si el crecimiento económico se sostiene sacrificando el consumo humano o la producción agrícola, el supuesto progreso será insostenible y socialmente injusto.
La seguridad hídrica no se construye con comunicados ni eslóganes. Se construye con información transparente, decisiones técnicas valientes, participación territorial y rendición de cuentas. Mientras esos elementos no estén sobre la mesa, cualquier afirmación oficial sobre sostenibilidad seguirá siendo, como el agua prometida, una promesa que no termina de llegar.