Un nuevo ataque armado contra un ómnibus de la empresa VIPUSA estremeció esta noche el distrito de San Juan de Miraflores, apenas pocas horas antes del inicio del paro de transportistas programado para mañana. La unidad, que cubría su ruta cerca del Puente América, fue blanco de disparos cuando aún llevaba pasajeros a bordo. Una de las balas rozó al conductor, quien por fortuna no resultó herido de gravedad.
Según los primeros reportes, se registraron al menos dos disparos contra el bus, que iban dirigidos hacia la cabina. En el momento del ataque, los pasajeros se tiraron al piso para protegerse del fuego cruzado. Los presuntos agresores huyeron en una motocicleta poco después del hecho.
“Una bala me pasó muy cerca; el susto fue inmenso”, comentó uno de los pasajeros, que pidió mantener su nombre en reserva.
Este episodio marca el segundo atentado contra VIPUSA en pocas semanas. El 23 de septiembre pasado, otro bus de la misma empresa fue baleado en Villa El Salvador, donde el conductor recibió cuatro impactos de bala y aún lucha por su vida. En aquella ocasión, los atacantes también huyeron en una motocicleta.
Organismos policiales han empezado las pesquisas para identificar a los autores materiales del atentado, mientras crece la sospecha de que detrás de estos ataques estarían redes de extorsión que azotan a las empresas de transporte en Lima. La violencia contra conductores y unidades del transporte público se ha convertido en una alarmante constante.
La empresa VIPUSA aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo incidente. Sin embargo, fuentes del gremio advierten que la inseguridad y las represalias están obligando a muchos conductores a repensar su labor diaria, temiendo por su integridad física.
Este atentado estalla justo en vísperas del paro convocado para mañana por parte de los transportistas, quienes exigen al Estado respuestas efectivas frente a la inseguridad que golpea sus rutas y vidas.
La reiteración de ataques como este no solo evidencia la fragilidad de la seguridad ciudadana, sino también la debilidad del Gobierno en la lucha contra las mafias de extorsión que operan impunemente en el transporte público. Mientras las autoridades se ven atrapadas en disputas políticas y falta de coordinación, las calles se convierten en escenario de violencia que golpea directamente a trabajadores y usuarios. La presión del paro de transportistas revela un creciente malestar social que podría convertirse en un serio desafío para la actual gestión.