Durante la movilización de la denominada Marcha Generación Z, que congregó a jóvenes, gremios de transporte y colectivos ciudadanos en el centro de Lima, un adulto mayor y una mujer resultaron heridos como consecuencia de la acción represiva de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los hechos se produjeron frente al Palacio Legislativo, cuando los manifestantes —que iniciaron su recorrido de forma pacífica— fueron desalojados mediante el uso de bombas lacrimógenas.
De acuerdo con reportes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), al menos 18 personas resultaron lesionadas durante la jornada, entre ellas un periodista y una brigadista.
La marcha se desarrollaba con normalidad hasta su llegada al frontis del Congreso de la República, punto en el que se desencadenaron los enfrentamientos más intensos. En ese momento, agentes de la PNP desplegaron gases lacrimógenos y avanzaron sobre la multitud para dispersarla. Fue allí que el adulto mayor y la mujer resultaron afectados por los efectos del uso de agentes químicos, lo que requirió atención médica inmediata. Testigos denunciaron que ambos fueron impactados por golpes y por la expansión de gases en medio de la intervención policial.
Asimismo, se reportaron otros heridos con lesiones de diversa gravedad, algunos por impactos de perdigón y gases, quienes fueron trasladados a hospitales del centro de Lima para su recuperación. Por parte de la Policía, se informó que un agente sufrió quemaduras de primer grado tras ser alcanzado por una bomba molotov durante la manifestación.
La CNDDHH condenó el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la PNP y exigió que el Ministerio Público garantice el ejercicio del derecho legítimo de protesta. En sus palabras:
“Protestar es un derecho, no un delito”.
Organizadores y participantes del movimiento expresaron su preocupación por la escalada de violencia y demandaron garantías para las movilizaciones próximas, sin que se ponga en riesgo la integridad de los manifestantes.
Por su parte, el Gobierno y la PNP tienen ante sí la tarea urgente de rendir cuentas y revisar los protocolos de intervención policial, para prevenir más heridos en futuras protestas.