Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, líder de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, permanece bajo prisión preventiva en Paraguay tras su detención en San Lorenzo. Estados Unidos, Colombia, México y Brasil se suman a Perú en los pedidos de extradición para que responda ante la justicia en múltiples causas. Moreno ha manifestado resistencia a ser enviado al Perú u otros países alegando problemas de salud.
Moreno reconoció que, pese a los cargos en su contra —como secuestro, extorsión agravada, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas—, estaría dispuesto a enfrentar solo los cargos que él considere ciertos, negando participación en algunos hechos. Afirmó que “el Estado puede más”, pero también sostuvo que ha recibido protección de ciertos miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes le alertaban sobre operativos en Paraguay. Según Moreno, esa fue “su mayor protección”. También denunció que la institución está plagada de corrupción y que lo responsabilizan de delitos adicionales “por estar quemado”.
El ministro del Interior peruano ha declarado que se evalúa la vía de la expulsión como alternativa más rápida a la extradición, y se espera que si todo marcha conforme, Moreno pueda arribar al Perú próximamente. Mientras tanto, las autoridades paraguayas trabajan también la extradición formal, ante los diversos pedidos internacionales.
Este caso vuelve a poner sobre el tapete la fragilidad institucional del sistema de seguridad en el Perú. Que un cabecilla criminal de alto perfil alegue que policías nacionales colaboraban con él no solo genera alarma ciudadana, sino que exige investigaciones profundas y sanciones ejemplares. Además, la existencia de múltiples pedidos de extradición desde distintos países resalta la dimensión transnacional del crimen organizado: lo que sucede en Lima Norte tiene ramificaciones más allá de nuestras fronteras. Las fuerzas políticas y organismos encargados de la vigilancia interna de la Policía deben asumir un rol activo para restaurar la confianza pública y demostrar que nadie está por encima de la ley.