Un nuevo episodio conmociona a la sociedad peruana: un joven escolar de 16 años falleció tras ser objeto de una violenta agresión en el asentamiento humano San Miguel, distrito de Nuevo Chimbote. Fue atacado por vecinos que, al confundirlo con un presunto ladrón, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo inconsciente.
El adolescente, identificado como Edgar Junior P. S., estudiante del colegio Innova Schools y participante en cursos de inglés en el ICPNA, había acompañado a una amiga hasta su vivienda cuando fue interceptado por un grupo de personas que lo acusó de robo. Entre gritos de “ratero”, los agresores lo golpearon con intensidad. La Policía Nacional llegó al lugar, trasladó al joven primero a la comisaría Alto Perú y luego al hospital La Caleta, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Dos hombres han sido detenidos e investigados por el Ministerio Público: Diego Armando Díaz Joya (29) y Yeferson Alexis Orbegoso Joya (25), quienes cuentan con antecedentes policiales por delitos vinculados a drogas. En la fase inicial de indagación, informantes explicaron que los agresores, en un primer momento, justificaron su intervención afirmando que el menor habría intentado robar una motocicleta; posteriormente, se cambiaron la versión alegando que el joven habría lanzado piedras contra el vehículo. Las autoridades tienen previsto revisar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los hechos y determinar con certeza la secuencia de la agresión.
La familia del menor rechaza con contundencia las imputaciones contra el joven. “Junior no necesitaba robar, sus padres lo apoyaban en todo. Solo fue a dejar a una amiga”, manifestó una tía entre el dolor. El director de la institución educativa expresó su pesar y señaló que lo ocurrido debe esclarecerse “y no quedar impune”, al tiempo que la comunidad escolar exige justicia pronta y efectiva para que los responsables enfrenten sanciones.
Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las autoridades implicadas —la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial— a avanzar con celeridad en las investigaciones, investigar con imparcialidad y garantizar la calidad del debido proceso. La institución ha enfatizado que “estos hechos no pueden quedar en la impunidad” y que resulta imprescindible proteger la vida y dignidad de niños, niñas y adolescentes.
Este suceso representa un llamado de alarma sobre la violencia ciudadana y los riesgos de actuar sin pruebas ni garantías. El país observa con atención el desarrollo del caso, esperando que las instituciones de justicia respondan con responsabilidad, transparencia y firmeza para que no se repita un episodio similar.