El reportero gráfico Julio Reaño, de El Comercio, denunció haber sido agredido por un agente policial mientras cumplía con su labor informativa en medio de las protestas contra el gobierno. Producto del golpe, el fotógrafo sufrió una lesión en el brazo que requirió atención en una clínica, donde permanece recuperándose.
Según declaraciones de Reaño, el incidente ocurrió cuando él documentaba las movilizaciones ciudadanas que se desarrollaban en calles de Lima. Cuenta que un oficial se acercó de manera repentina y le propinó un golpe directo al brazo, sin mediar provocación alguna. “Estaba cumpliendo mi deber como periodista”, expresó, visiblemente afectado, “y aún así recibí la agresión”.
Organismos de prensa y derechos humanos han mostrado su preocupación ante esta denuncia, advirtiendo que la violencia contra quienes cubren manifestaciones vulnera no solo el derecho a la información, sino la libertad de prensa misma. Desde la redacción de El Comercio se exige que la Policía Nacional identifique al responsable, se esclarezca lo sucedido y se garantice protección para el ejercicio informativo.
Este suceso subraya una falla estructural en el manejo del derecho a la protesta y la cobertura periodística. Cuando los agentes del Estado recurren a la agresión contra quienes documentan los hechos, se erosiona la confianza pública y se pone en riesgo el principio de transparencia democrática. Además, este tipo de acciones tiene efectos disuasorios: podría intimidar a otros periodistas para evitar que cubran protestas, limitando así el pluralismo informativo. Las autoridades políticas tienen la responsabilidad de asegurar que las fuerzas policiales actúen bajo protocolos claros, sanciones efectivas y respeto irrestricto a los derechos humanos, incluso en situaciones de tensión civil.
